"No nos arrepentimos de ninguna de las decisiones que hemos tomado, porque eran las ajustadas en cada momento de acuerdo a la información que teníamos. Eso es algo que vamos a defender a capa y espada", afirmó ayer Francisco García Peña en relación a las críticas que se han realizado en las últimas semanas al proceso de integración de Caja Badajoz con CAI y Cajacírculo, al tiempo que subrayó que las decisiones fueron respaldadas por unanimidad en el consejo de administración.

No obstante, García Peña sí reconoció que en enero del 2011 --el Sistema Institucional de Protección se había constituido en diciembre del 2010-- se conoció el contenido de sendas actas de inspección del Banco de España que revelaban que sus dos socias tenían "requerimientos que no conocíamos" y que en ese momento se barajó la posibilidad de dar marcha atrás en la integración, algo que se descartó ante la "amenaza" de ser intervenidos si lo hacían. Entonces, continuó, el Consejo de Administración de Caja Badajoz decidió seguir adelante "con tres condiciones": aumentar su participación en Caja3, que pasó del 24,5% al 29%; incrementar su presencia institucional (de dos a tres consejeros, dos de ellos ejecutivos); y el compromiso de entablar un proceso de fusión con otra entidad más que diese una garantía de futuro al grupo.

En cualquier caso, García Peña destacó que Caja3 había "mantenido el tipo sin necesidad de ayudas públicas", que "ha generado más de 500 millones de euros de recursos", y que, si se excluye su "excesiva" exposición inmobiliaria, cuenta con "la segunda cartera más solvente" de todo el sector financiero.