Madrid El Consejo de Ministros aprobó ayer dos acuerdos para desestimar, en un caso, y no admitir, en el otro, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por los titulares de instalaciones fotovoltaicas afectados por el recorte de primas dictado por el anterior Gobierno. Las miles de reclamaciones pedían indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados por dos reales decretos de noviembre y diciembre de 2010 que limitaban el derecho de esas instalaciones a recibir la prima. Ahora cabe recurso ante el Supremo.