¿Por qué no mancomunar el servicio de policía local entre aquellos ayuntamientos extremeños que no dispongan de recursos suficientes? Este es el debate que ayer se abrió en la Asamblea de Extremadura entre PP y PSOE. La conclusión es que de momento no puede llevarse a cabo porque las leyes lo impiden.
El Grupo Parlamentario Popular planteó en la Comisión de Administración Pública que esta policía mancomunada debería estar contemplada en el nuevo Estatuto de Autonomía. Su portavoz, Milagros Rodicio, recalcó que el PP apuesta por potenciar la seguridad en los pueblos, dado que "desde la seguridad se puede disponer de una verdadera libertad". Por ello pidió a la Junta que explique en qué punto se encuentran las acciones del Gobierno regional en cuanto a este servicio, que demandan los pequeños ayuntamientos.
El secretario general de Administración Pública e Interior de la Junta, Francisco García Peña, respondió que, si bien las policías locales pueden asociarse para "la ejecución de las funciones asignadas", la creación de la policía local mancomunada supone una "imposibilidad legal", ya que ni el Ministerio del Interior ha regulado esta normativa, ni el Estatuto de Extremadura contempla la posibilidad de coordinar "supramunicipalmente" la policía local mancomunada.
Aún así, señaló que el Gobierno regional ha instado al Ministerio del Interior a que "de una vez" pueda regular esta posibilidad de asociación, según apuntó García Peña. En todo caso, los municipios, que "son los interesados, los que carecen de estas necesidades y los más cercanos al ciudadano", son los que, a juicio del secretario general "pueden hacer dictar al Ministerio la ley para que esa regulación se lleve a efecto lo antes posible".
Asimismo, Peña señaló que en el ámbito de competencias de la comunidad autónoma, y de común acuerdo con los grupos políticos, el nuevo Estatuto de Extremadura "podría coordinar la posibilidad de crear policía local mancomunada".
La Junta tiene la voluntad de colaborar con los ayuntamientos, en materia de seguridad, con la publicación de un decreto que contemplará la dotación de ayudas económicas a las administraciones municipales destinadas a la uniformidad y los equipamientos de la policía local y a potenciar la seguridad.
