El pleno de la Asamblea ha aprobado hoy por unanimidad que el decreto-ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social sea tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia, de modo que se acortarán los plazos en su tramitación y los grupos podrán presentar enmiendas al contenido del mismo.
La norma sigue su trámite parlamentario con la advertencia tanto por parte del PP como de C's de sus visos de inconstitucionalidad de acuerdo a lo considerado por el Consejo de Estado, en concreto sobre los aspectos referidos a la universalización de la sanidad y la regulación de mínimos vitales (garantía de suministro luz y agua).
En su alocución, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha declarado que lo del Consejo de Estado es una "recomendación" y ha indicado que la necesidad de adoptar medidas excepcionales contra la exclusión social obliga a tramitar esta norma con carácter urgente, al tiempo que espera que los grupos puedan mejorar el texto con sus enmiendas.
Ha mencionado que, según el INE, la tasa de riesgo de pobreza en España es del 22%, mientras que en Extremadura se eleva al 29%, y ha añadido que "un 19,3% de los extremeños viven en hogares con baja intensidad en el trabajo".
Tras abogar por trabajar "desde la justicia social no desde la caridad", ha mencionado que las medidas que comprende la norma persiguen garantizar la universalidad de la atención sanitaria, hacer más ágil el sistema de protección ante situaciones complicadas (renta básica, ayudas contingencia y mínimos vitales), el acceso a una solución habitacional y la lucha contra los desahucios.
En concreto, ha mencionado que en renta básica se eliminan los plazos para reconocer y pagar esta ayuda, y se establece el silencio positivo; y en mínimos vitales, donde se ha comprobado que "un 80% de los hogares en exclusión no disfrutan del bono social", se establece la cobertura a través de convenios con las distribuidoras y no en ayudas directas a las familias.
Por otro lado, "no se penaliza" en la adjudicación de vivienda social a las personas que se han visto obligadas a hacer uso de una ocupación ilegal ante extrema necesidad, siempre que justifiquen haber cursado la solicitud de dicha vivienda previa a esa ocupación.
Por su parte, el diputado popular José Ángel Sánchez Juliá ha alertado de que la norma contiene "fuertes vicios de inconstitucionalidad" y ha declarado que pensaba que "el PSOE era un partido que respetaba las leyes", pero "la presión de las elecciones les ha podido". "Hemos tenido que ver a Vara como a un Puigdemont cualquiera", ha dicho.
Tras advertir de que este "decretazo" puede tener los "días contados", ha mencionado que el PP quiere que la norma cumpla con el ordenamiento jurídico, que perdure en el tiempo y que no suponga un "retroceso social" como ocurre, en su opinión, con las modificaciones en la renta básica donde "se elimina el carácter retroactivo lo que supondrá dejar de pagar 4 millones de euros".
Además, ha criticado que en materia de vivienda se dé prioridad a los que "dan una patada en la puerta", en relación a los ocupas.
Desde Podemos, el diputado Daniel Hierro ha criticado la situación "vergonzosa y patética" en la concesión de la renta básica, con "retrasos" en la tramitación y el pago, incumpliéndose de este modo los sucesivos compromisos que la Junta en cuanto al número de beneficiarios, al tiempo que ha asegurado que hay "3.500 familias" a las que se les ha reconocido este derecho que llevan "seis meses esperando para cobrar la prestación".
En cualquier caso, ha trasladado la disposición de su grupo a colaborar con el fin de que haya "una ley mejor, que tenga un alcance mayor, se mejoren las cuantías y se llegue a más gente".
La portavoz de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha apostado por hacer una buena ley que no esté sujeta "al albur de los cambios políticos y de las elecciones", y ha justificado el voto favorable de su grupo en la necesidad de dar respuesta a la situación de "precariedad" de muchas familias extremeñas ya que las cifras, según los últimos informes de ONGs, son "para echarse a temblar".
Por último, la diputada socialista Estrella Gordillo ha dicho que "las decisiones tomadas por los gobiernos del PP para salir de la crisis se han traducido en que la sociedad extremeña sufre los mayores niveles de pobreza de los últimos años".
En el turno de preguntas previo al debate de la norma, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha apelado al consenso de todas las fuerzas parlamentarias para lograr aprobar leyes que garanticen los derechos esenciales de los ciudadanos, así como que éstas perduren en el tiempo.
