Los 907 contribuyentes extremeños que tienen un mayor nivel de riqueza declaran un patrimonio conjunto de 2.012,2 millones de euros. Esto supone una fortuna media de 2,2 millones por cada uno de ellos, según las últimas estadísticas del Impuesto sobre el Patrimonio, las del ejercicio 2015, que ha publicado recientemente la Agencia Tributaria. El total declarado es aproximadamente un 12% del Producto Interior Bruto (PIB) que Extremadura contabilizó durante ese ejercicio.

El Impuesto sobre el Patrimonio no grava las rentas del trabajo o del capital obtenidas anualmente ni tampoco las ganancias patrimoniales materializadas en el transcurso del ejercicio, conceptos ambos que las personas físicas declaran a través del IRPF. El hecho imponible de este tributo es la mera tenencia de bienes y derechos. Por este motivo, es una figura tributaria controvertida, ya que hay quienes la critican por considerarla como doble imposición (se grava la renta primero por obtenerla y, más tarde, por mantenerla).

Están obligados a presentar la declaración aquellos para quienes la cuota tributaria resulte a ingresar o, no siendo así, cuando pase de los dos millones de euros el valor de los bienes y derechos. A la hora de calcular la base imponible, del importe de estos se restan tanto las cargas y gravámenes que aminoren su valor como las deudas personales (una hipoteca, por ejemplo). De la misma forma, se establece una exención de la vivienda habitual hasta un valor de 300.000 euros y un mínimo también exento, que con carácter general está fijado en 700.000 euros, pero que algunas comunidades han reducido. Es el caso de Extremadura, donde se ha fijado en 500.000 euros, si bien es un cambio normativo que entró en vigor el 1 de enero del 2016.

De esta manera, la base imponible en Extremadura fue en el 2015 de 1.153,5 millones de euros mientras que la base liquidable (sobre la que se aplica la tarifa) fue de 535 millones. El resultado final de la declaración ascendió a casi 3,7 millones de euros, correspondientes a 839 contribuyentes. Es decir, cada uno de ellos pagó de media 4.403 euros.

Tres cuartas partes (75,2%, 1.513,2 millones de euros) del patrimonio declarado en la región está compuesto por capital mobiliario (acciones, deuda pública o depósitos, entre otros bienes). Muy por detrás aparecen ya los inmuebles con 17,9% y 360,5 millones de euros. Con un 2,9% (57,7 millones) quedan los bienes y derechos afectos a actividades económicas y con 32 millones de euros (1,6%) los seguros y rentas. Por último, los bienes suntuarios declarados apenas suponen 2,5 millones de euros (0,13%).

Por géneros, 458 de los declarantes son mujeres, frente a 449 hombres

Extremadura es la autonomía donde hay un menor número de contribuyentes de este impuesto. En el extremo contrario de la estadística de la Agencia Tributaria (de la que solo quedan fuera las dos comunidades del régimen foral, País Vasco y Navarra) aparece Cataluña, con 72.716 contribuyentes (un 38,5% del total), que declaran un patrimonio de más de 173.020 millones de euros. Supera así a Madrid, con 150.325 millones de euros declarados por 16.977 personas (el importe medio es el más elevado: 8,8 millones de euros). La situación es diametralmente opuesta entre ambas regiones, ya que mientras Cataluña es una de las que más grava con este impuesto (le proporcionó unos ingresos de 464,3 millones en el 2015), en Madrid está bonificado al cien por cien.