La nueva directiva europea sobre energías renovables, que previsiblemente se aprobará a lo largo de 2018, evitará que los países puedan fijar gravámenes al autoconsumo como el llamado "impuesto al sol" español, según ha asegurado hoy el eurodiputado socialista José Blanco.

Blanco, ponente de la propuesta aprobada la semana pasada por el Parlamento Europeo sobre gobernanza, eficiencia energética y renovables, ha hecho estas manifestaciones en la clausura de una Jornada Divulgativa de Nuevas Energías Renovables, que se ha celebrado en Mérida.

Según ha dicho, el autoconsumo es una de las principales apuestas de este texto, que ha calificado como "más ambicioso" que el que elaboró la Comisión Europea y refuerza los mecanismos para que no haya posibilidad de gravarlo, "pese al empeño increíble del gobierno de España".

Ha indicado que si se cumple el calendario, esta nueva directiva entrará en vigor el 1 de enero de 2021 y todos los países deberán tener transpuesta la normativa a su legislación porque es de obligado cumplimiento y si no lo hacen tendrán sanciones.

El eurodiputado socialista ha destacado la importancia del carácter vinculante que se propone en esta directiva que "no es solo un paquete legislativo" para regular o marcar objetivos, sino que se movilizará una "cantidad ingente" de recursos económicos y generación de empleo.

Ha recordado que esta propuesta se fija para 2030 una cuota de producción de energías renovables del 35 por ciento, que Blanco considera posible debido a la caída de los costes "tan espectacular" de los últimos tres años.

"Pese a los vaivenes de algún país se ha desarrollado mucho el sector desde la innovación, lo que hace que sea absolutamente competitivo", ha dicho Blanco, que ha precisado que aunque es vinculante se establece una desviación por los países miembros "de no más del diez por ciento y muy justificada".

La nueva directiva también refuerza el marco regulatorio que incentive la inversión y evite la ambigüedad y cualquier forma de retroactividad "como los ocurridos en algunos países, como España", estableciendo mecanismos de compensación.

El texto aprobado por el Parlamento Europeo también recoge una mayor ambición respecto a la descarbonización de la economía, mayor penetración de las renovables en refrigeración, calefacción y transporte.

Además, queda regulado que un ciudadano pueda verter a la red la energía generada por él y no consumida y que tenga compensación por ello.