Parece que los problemas que Junta y ayuntamientos han tenido en el último año con la financiación de los servicios sociales que se prestan a nivel local no se repetirá en el futuro. El director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, aseguró ayer que la nueva ley en la que trabaja la Consejería de Salud y Política Social proporcionará un marco de financiación estable para los servicios sociales de base --son los que se prestan a nivel local e incluyen ayuda a domicilio, atención a dependientes, información y orientación, inserción social, etc.-- y además, creará un único catálogo que los defina. Bravo, que recordó que los fondos autonómicos para este tipo de prestaciones se han incrementado en un 9% en 2013 para paliar los recortes estatales, reiteró así "el compromiso" del Gobierno extremeño con los servicios sociales de base durante la celebración de unas jornadas en el palacio Barrantes Cervantes de Trujillo, sede de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, en las que han participado más de medio centenar de trabajadores del sector en la provincia de Cáceres.

En su intervención, Bravo ha señalado que el borrador de la futura norma se trasladará a los diferentes agentes implicados, entre ellos los trabajadores sociales, para que puedan realizar sus aportaciones en un mecanismo similar al que se sigue con el borrador del anteproyecto de la Ley de Renta Básica de Extremadura. En ese sentido, el director general ha destacado "la posición privilegiada" de los trabajadores sociales, que por situarse en la primera línea de atención a los ciudadanos, adquieren un protagonismo especial a la hora de formular recomendaciones y sugerencias para enriquecer el texto. Según ha manifestado, esta nueva norma nace con el fin de garantizar a la ciudadanía un marco estable de recursos y servicios y también para dignificar las condiciones laborales de los 233 trabajadores que actualmente mantienen los servicios sociales de base.

Por otra parte, Bravo ha resaltado "el esfuerzo" que el Gobierno extremeño ha hecho este año al incrementar en un 9% su aportación a los servicios sociales de base, hasta los 5,1 millones de euros, con el fin de paliar la reducción de los fondos estatales. De este modo, explica el director general, se garantiza que la financiación de las prestaciones --en la que participan la comunidad autónoma, el Estado y las entidades locales-- se mantenga en este ejercicio en los mismos niveles que el año pasado, con un presupuesto total de 7,5 millones de euros. Asimismo, ha informado de que la convocatoria de subvenciones para la financiación de estos recursos se publicará este mes.

RENTA BASICA En su intervención, Bravo se ha referido también la Ley de Renta Básica, sobre la que el Consejo Consultivo ha emitido esta semana su pronunciamiento previo. Tras agradecer las aportaciones que una comisión representativa de los servicios sociales de base ha realizado a esta ley, Bravo ha indicado que los trabajadores sociales no tendrán que elaborar un informe social sobre cada uno de los solicitantes como ha ocurrido hasta ahora con las ayudas para la integración en situaciones de emergencia social independientemente de que resultaran beneficiarios o no. En el caso de la renta básica sólo tendrán que realizarlo sobre aquellas personas que ya estén reconocidas como futuras beneficiarias, de modo que se les ahorrará un trabajo que en ocasiones ha sido improductivo.