El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley por el que se establece un régimen sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas en Extremadura, con sanciones de entre 100 a 60.101 euros. Este fue uno de los acuerdos de la reunión ordinaria celebrada por el Ejecutivo regional, que también dio su beneplácito a una modificación de los decretos que regulan el funcionamiento de la Comisión Regional de Urbanismo y el Consejo Regional de las Personas con Discapacidad, según informó la portavoz regional, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa.
Esta nueva normativa regula una serie de infracciones y, aparte de las sanciones, contempla multas como la suspensión temporal de las licencias o autorizaciones desde seis meses y un día hasta dos años -por infracciones muy graves- y hasta seis meses por infracciones graves.
Por otra parte, el Ejecutivo autonómico estudió el proyecto de decreto sobre atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y la organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.
El objetivo de esta actualización, según indicó Gil Rosiña, es conseguir "una mayor agilidad y seguridad jurídica en la toma de decisiones" junto con una adecuada identificación de los diferentes sectores. Rosiña aclaró también que esta modificación persigue garantizar una "visión integral" en el seno de la comisión regional de urbanismo mediante la incorporación de nuevos colectivos.
PREVENCION DE RIESGOS Por otra parte, la Consejería de Educación y Empleo, el Consejo de Gobierno dio su visto bueno al VII Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma para la prevención de riesgos laborales en el periodo 2016-2019, un programa que pretende la mejora continua de las condiciones de trabajo y la reducción de los accidentes laborales y enfermedades profesionales y que será firmado hoy por el presidente del Ejecutivo autonómico.
En cuanto a la Sanidad y Políticas Sociales, estudiaron una modificación del decreto por el que se crea el Consejo Regional de Personas con Discapacidad con el fin de representar en él al área de la accesibilidad mediante la incorporación de un representante de la consejería con competencias en materia de arquitectura.
