El nuevo sistema organizativo de los servicios judiciales "no funciona". Así lo afirman desde los jueces a los funcionarios, procuradores y abogados de Cáceres, y lo denuncian todos los sindicatos, que aseguran que la Nueva Oficina Judicial (NOJ) "está siendo un caos".
Ayer, apenas un mes después de la implantación en Cáceres de la NOJ --se puso en marcha el 9 de febrero--, los tres sindicatos con representación en la Administración de Justicia (CCOO, UGT y CSI-F) denunciaron que este nuevo sistema organizativo "está colapsando" los servicios de la Administración de Justicia en Cáceres, y advirtieron de que esta situación amenaza también a Mérida, donde su implantación esta prevista para abril.
Ante los problemas surgidos en Burgos y Murcia con las nuevas oficinas judiciales Cáceres pidió que se aplazara la implantación hasta que se subsanaran los problemas detectados en esas ciudades, "pero el ministerio hizo oídos sordos y el caos que se temía en los servicios cacereños se ha producido", hizo constar el responsable del sector Justicia de CCOO de Cáceres, José Antonio Barca, a lo que su homólogo de Badajoz, Vicente Alegre, añadió: "Y lo mismo ocurrirá en Mérida si no recapacitan y se empeñan en ponerla en marcha sin esperar a resolver los problemas que se están dando en Cáceres".
Son varias las causas que en opinión de todos los representantes sindicales motivan el mal funcionamiento de este nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia implantado por el ministerio, pero todos destacan como primera y fundamental la falta de recursos, tanto personales como materiales.
Por ello tanto los representantes de CCOO como Juan M Cordero, de UGT, y Cristina Blázquez, de CSI-F, exigen de forma prioritaria más personal, y también mejoras materiales, fundamentalmente, en este caso, informáticas. Y es que, como señala Barca, la NOJ "se sustenta en el expediente digital, pero en la administración judicial el 99% de los procedimientos aún se realiza en soporte papel". Coincidente se muestra Cristina Blázquez, quien estima "prioritario dar una solución inmediata al programa informático, que está ocasionando multitud de problemas".
Se trata esta de una situación que "está afectando gravemente a la atención que se les debe prestar a los ciudadanos y a los profesionales de la Justicia"; una situación que no solo afecta a los 250 trabajadores de la Oficina Judicial y personal vinculado, como abogados o jueces, sino también a los ciudadanos, "que van a ver duplicado o triplicado el tiempo de resolución de sus procesos", advierte Barca.
Este indica que de todos los problemas detectados han remitido ya un informe al Consejo General del Poder Judicial, del que esperan soluciones, aunque no descartan adoptar otras medidas si fuera necesario. "Esperaremos un tiempo prudencial, pero si no dan soluciones y es necesario actuar, se hará", señala Barca, quien considera que sería adecuado "unir fuerzas" de todos los afectados "para conseguir los medios necesarios para que la nueva oficina judicial funcione".
