Las objeciones planteadas por parte del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) están retrasando la firma del contrato de integración de esta entidad con Caja Extremadura, CajAstur y Caja Cantabria en un Sistema Institucional de Protección (SIP). Fuentes cercanas al proceso confirmaron ayer que, de haber transcurrido todo según lo previsto, lo más "probable" es que esta misma semana se hubiesen reunido ya los consejos de administración de las cuatro entidades para dar luz verde a esta fusión fría y firmar así el acuerdo definitivo. Sin embargo, varios consejeros de la entidad levantina han mostrado su oposición al reparto de poder que se recogía en el protocolo de fusión presentado el pasado mes de junio ante el Banco de España. En este sentido, fuentes de la CAM apuntaron que "el SIP podría peligrar. Es poco probable, pero es una posibilidad". Directivos de CajAstur y la CAM, añadieron estas mismas fuentes, "están intentando renegociar" los puntos conflictivos del protocolo. Tanto en Caja Extremadura como en CajAstur declinaron hacer declaraciones sobre este tema.

40% PARA CADA UNA Según el acuerdo al que llegaron las cuatro cajas, el SIP estará participado en un 40% por Caja Mediterráneo; otro porcentaje igual tendrá CajAstur; Caja de Extremadura contará con un 11%; y Caja Cantabria con el 9% restante. Las discrepancias fundamentales tendrían su origen en la figura del consejero delegado, cargo que ocupará el actual presidente de CajAstur, Manuel Menéndez (la presidencia, no ejecutiva, será para el máximo responsable de la CAM, Modesto Crespo). Para revocar cualquier decisión del consejero delegado se necesitaría mayoría cualificada (un 75% del consejo). Esto supone la coincidencia de los votos de la CAM y CajAstur, lo que de facto, consideran, da todo el poder a la entidad asturiana (es improbable que sus representantes en el consejo voten contra su propio presidente), vaciando así de contenido al consejo de administración del SIP.

Algo parecido sucede a la hora de renovar este puesto. El mandato es de seis años y, una vez concluidos, CajAstur propondrá un candidato (la CAM hará lo propio con el presidente). Si no hubiese acuerdo, se renovaría a Menéndez. Todo esto es algo que, admiten en la CAM, pasó desapercibido "en una primera lectura", pero que ahora varios de sus consejeros han pedido que se revise. Sobre qué parte del consejo sería la que a día de hoy está en contra del SIP tal como está planteado, se añadió que "es algo que nadie sabe". "Por lo pronto no han querido convocar todavía el consejo, porque no las tienen todas consigo", incidía ayer Manuel Navarro, secretario general del Sindicato Independiente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (SICAM), el mayoritario en esta entidad.

El Grupo CajAstur (incluida la absorbida Caja Castilla-La Mancha) cuenta con unos activos de casi 42.000 millones de euros, frente a los más de 75.500 millones de la CAM (en ambos casos al finalizar el ejercicio 2009). Sin embargo, las buenas ratios financieras con las que cuenta la caja asturiana han propiciado que salga mejor parada en el reparto de cuotas del SIP.

Fuentes del sector financiero indicaron ayer que en el caso de romperse la unión se perdería cualquier posibilidad de recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al que el SIP ha solicitado 1.493 millones de euros.