Treinta de noviembre del año 2006. El Congreso de los Diputados aprueba, con los votos del PSOE y el PP, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Es el proyecto estrella del mandato de José Luis Rodrígez Zapatero. El texto reconoce el derecho de las personas dependientes a ser atendidas por el Estado «cualquiera que sea el lugar donde vivan y cualquiera que sea su condición económica o social». Un hito histórico y un avance social sin precedentes. Especialmente para las mujeres, que son las que tradicionalmente han asumido el papel de cuidadoras.
Hoy, 15 años después, tras una dura crisis económica, una gestión llena de luces y sombras y la irrupción de una pandemia nunca antes conocida, no todas las expectativas se han cumplido. La financiación del sistema (con un coste superior al previsto) y las políticas de recorte que se aplicaron en España partir del año 2012 han lastrado el desarrollo de una ley en la que solo en Extremadura se invierten cada año 80 millones de euros.
Desde su puesta en marcha, en la región se han tramitado más de 52.400 solicitudes y a día de hoy el 16% de las personas con derecho reconocido siguen sin recibir sus ayudas. Se calcula que solo en el año 2020 han muerto 1.069 personas esperando a ser atendidas y de ellas, 487 ni siquiera habían llegado a ser valoradas por los equipos de la Consejería de Sanidad.
El declive del sistema comenzó en el año 2012, cuando el Gobierno central, auspiciado por la política de recortes para cumplir los objetivos de déficit, decidió suspender el nivel de financiación acordado con las comunidades autónomas. La ley recogía que cada una de las partes debería aportar el 50% del presupuesto, pero tras esta decisión han sido las comunidades las que han soportado casi en solitario el peso de la ley. En el caso de Extremadura, esta falta de financiación estatal ha obligado a la Junta a aportar en los últimos años hasta el 80% de los fondos, frente al 20% que asume el Gobierno central.
Según datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, esto ha causado un quebranto de 109 millones de euros a las arcas autonómicas. Solo en 2019 (último dato disponible) el Estado dejó de invertir en dependencia en la región 14 millones de euros, una cantidad con la que se podría haber atendido a más de 2.500 nuevos dependientes. Pero finalmente parece que esta situación va a cambiar.
3.600 millones hasta 2023
Con la irrupción de una pandemia que se ha cebado con los más mayores y vulnerables, el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han acordado la puesta en marcha de un plan de choque para reflotar el sistema, que recibirá una inyección de 3.600 millones de euros hasta el año 2023. El objetivo es reducir las listas de espera y mejorar los servicios y prestaciones que reciben las personas dependientes. Para este 2021 se contempla ya una inversión de 600 millones de euros (283,2 del nivel acordado y el resto del nivel mínimo, que es lo que aporta el Gobierno por persona dependiente).
«Parece que por fin vamos a tener recursos para afrontar algunas de las graves lacras que teníamos», manifiesta al respecto el director gerente del Servicio Extremeño de Promoción y Atención a la Dependencia (Sepad), José Vicente Granado. Gracias a ese plan de choque, su departamento estima que la región recibirá este año del Gobierno 19,9 millones del nivel mínimo y el nivel acordado.
Granado ha comparecido esta semana en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea, donde informó de algunas cuestiones relativas a este plan en respuesta a una pregunta de Unidas por Extremadura. Según Granado, el primer objetivo será reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación (las valoraciones se pueden alargar ahora hasta un año) para evitar «momentos dolorosos». También se pretende actuar sobre las condiciones laborales de los trabajadores y el tercer lugar, introducir mejoras en los servicios y prestaciones. En este último punto, se plantea extender el servicio de teleasistencia a todos los usuarios de la ley como un derecho subjetivo y también crear una nueva prestación económica vinculada al asistente personal, una figura que hasta la fecha no ha existido en Extremadura. Con estos objetivos, se ha planteado un calendario de actuaciones con la Secretaría de Servicios Sociales.
El primer punto será hacer una evaluación del sistema, cuyas conclusiones se conocerán a principios del año 2022. No obstante, Granado recuerda que la mejora de la financiación ya está plasmada este ejercicio y seguirá aumentando en el 2022 y 2023. Definir los cuidados en el ámbito familiar, un programa para la cualificación de los cuidados de larga duración, la revisión de los copagos, la posibilidad de modificar los PIA «sin complejos trámites burocráticos» o implicar a los ayuntamientos en la gestión de la ley son otras de las medidas que recoge el plan de choque con horizonte al 2023.
