A las pocas semanas de comenzar el curso, dos alumnos del IES Ciudad Jardín de Badajoz agredieron a un docente y lo grabaron con el móvil. A los pocos días, ocurrió un hecho similar en el IES Antonio Nebrija de Zalamea de la Serena. Hace apenas un mes, otro docente del instituto Torrente Ballester de Miajadas sufrió un esguince cervical tras ser golpeado por uno de sus alumnos de Bachillerato. Y esta misma semana se conocía que otras dos maestras del colegio Nuestra Señora de Fátima de Badajoz fueron agredidas el pasado 10 de noviembre por la madre de un alumno del centro.

Son cuatro casos que han trascendido a los medios de comunicación en apenas dos meses de curso, pero no todos salen a la luz. Estos casos han creado una alarma entre la comunidad educativa, que requiere de un análisis y de nuevas medidas para mejorar la convivencia en los centros, según los sindicatos.

Para ello, el próximo martes, 5 de diciembre, se ha convocado un pleno del Observatorio para la Conviviencia Escolar en Extremadura, en el que además de presentarse el informe de convivencia del curso 2016-2017, se ha incluido un punto en el orden del día para analizar la situación actual de la convivencia en los centros escolares de la región tras las agresiones que han salido a la luz pública desde que comenzó el curso escolar. El pleno del observatorio está intregración por los distintos representes de la comunidad educativa extremeña incluida la Fiscalía de Menores.

En las últimas semanas, docentes y sindicatos han mostrado su preocupación por los últimos casos registrados en la región y que suponen «una escalada de agresiones sin precedentes ya que existen otras que no se han difundido en la prensa», señala PIDE. El sindicato denuncia que la respuesta de la Administración regional es «más garantista con el alumno agresor que con el docente agredido».

En este sentido, entre otras medidas, ha solicitado el traslado automático de centro del agresor o la pérdida del derecho a la escolarización. El sindicato ANPE también ha reclamado el traslado de centros a los alumnos agresores y que se endurezcan las sanciones, mientras que CSIF solicita un nuevo impulso a las políticas de prevención. Desde CCOO también insisten en la necesidad de realizar campañas informativas y de sensibilización y UGT reclama una mayor protección física, psicológica y jurídica para estos profesionales de la enseñanza.