Ocho municipios de la Mancomunidad del Río Tamuja vuelven a sufrir problemas con el agua. Desde el pasado martes los casi 3.000 vecinos que suman estas poblaciones no pueden utilizar el agua del grifo para el consumo, y en esta situación se encontrarán al menos hasta el lunes.

Ante los altos niveles de trihalometanos --compuestos químicos que se generan durante el proceso de potabilización del agua, al reaccionar la materia orgánica del agua con el cloro que se le aplica para tratarla-- detectados en la presa de Navarredonda, de la que se abastecen, Sanidad decretó el martes la alarma. Comunicó la prohibición de usar el agua para el consumo directo y la elaboración de alimentos a los ayuntamientos afectados (Plasenzuela, Botija, Robledillo de Trujillo, Santa Ana, Benquerencia, Salvatierra de Santiago, Ruanes y Zarza de Montánchez), cuyos alcaldes se reunieron de urgencia ese día.

En ese encuentro, y tras estudiar posibles soluciones, se optó por bombear agua desde el canal de Orellana, utilizando la infraestructura que se construyó en el 2009 como obra de emergencia para resolver "el grave problema" que se planteaba en estos municipios en periodos de sequía. "Era la solución más rápida, viable y efectiva, que es lo que ahora necesitamos", señaló a este diario Ramón Palomino, presidente de la mancomunidad, y alcalde de Zarza de Montánchez.

Lo hizo en el propio centro desde el que se hace la captación del agua del canal de Orellana, en el término municipal de Almoharín, al que Palomino se desplazó ayer para que los técnicos de Eléctricas del Oeste hicieran la conexión. "La luz, perteneciente a Hidrográfica del Guadiana, se dio de baja en abril, cuando ya no era necesario, por lo que ahora, ante esta nueva situación de emergencia, hay que volver a dar el alta y hacer la conexión".

Con ese tramite resuelto desde ayer, la previsión es que en los municipios del Tamuja el agua del grifo vuelva a ser apta para el consumo el lunes, como muy tarde. El agua se bombea desde este centro a la estación de tratamiento de la presa de Navarredonda, donde se le hace el tratamiento necesario. "Eso puede estar resuelto en dos o tres días, pero no podemos autorizar su consumo hasta que Sanidad haga los análisis oportunos y confirme que es apta, algo que confiamos no se retrase más allá del lunes", indicaron el presidente de la mancomunidad y el técnico de Aquagest en la zona.

PROBLEMA EN LA PRESA La Dirección General de Salud Pública decretó la alerta después de comprobar que en el agua de consumo de estos municipios los niveles trihalometanos alcanzaban valores de entre 262 y 369 microgramos por litro, el triple de lo permitido por la legislación que es de 100 microgramos por litro. Las analíticas se llevaron a cabo tanto en laboratorios de Sanidad como en otros de entidades privadas para contrastar después los valores en unos y otros.

"Era necesario activar la alerta para que se buscaran soluciones", defendió ayer el director de Salud del Area de Cáceres, Pedro Aparicio, que espera que la alerta desaparezca en 72 horas.

En septiembre el agua de la presa ya rebasó los niveles máximos, aunque en ese caso no por encima de 150 microgramos. Entonces la empresa intensificó el tratamiento del agua con más cloro, y "bajaron a niveles tolerables". Aparicio destacó que el problema es que ahora se han disparado y añadió que en verano, con menos agua (ahora está al 80%) y menos lluvias, se dan las condiciones para que suban más.

Aparicio descartó que el pantano de Navarredonda vuelva a ser apto para el consumo, ya que tanto los componentes del terreno, como las características del pantano favorecen la acumulación de materia orgánica en niveles elevados.

"No será apta para el consumo. No, taxativamente a no ser que se pongan en marcha otros tratamientos del agua o que se vacíe y se limpie", afirmó. Los tratamientos a los que se refiere son la sustitución de la cloración del agua (lo que se hace ahora) por su tratamiento con ozono (como se hace ya con el agua del Guadiloba, del que se abastece Cáceres) o bien con dióxido de cloro.

Ambas alternativas se vieron en la reunión del martes, aunque el problema es que requieren que se sustituyan los equipos de tratamiento, lo que costaría entre 70.000 y 100.000 euros y precisaría tiempo, por lo que es una opción a medio plazo. La tercera alternativa es esperar a que se construya el pantano de Santa Lucía, aunque no estará listo antes de dos años. Esa es la opción más factible, aunque a largo plazo.

Desde Aquagest también valoraron que el sistema de depuración actual será difícilmente eficaz en el pantano en el futuro. "Con la acumulación de materia orgánica que hay en él habrá problemas siempre", valoró Francisco Martínez, gerente de zona de Aquagest.