Ocho de cada diez oficinas de Banco Caixa Geral en Extremadura están ubicadas en localidades donde también tiene sucursales actualmente Liberbank, uno de los potenciales compradores de la filial española del grupo estatal portugués Caixa Geral de Depósitos (CGD). Según trascendió el pasado lunes, Liberbank ha presentado una oferta preliminar (no vinculante) para adquirirla. Ha sido el único banco español en hacerlo, si bien entre los interesados en esta operación estarían además el Banco Comercial Portugués (BCP) o el fondo Lone Star, propietario del también luso Novo Banco.
Si finalmente es la entidad que dirige Manuel Menéndez la que se hace con la puja, el solapamiento de las dos redes comerciales en la comunidad autónoma sería elevado, ya que ambas entidades tienen una importante implantación en la comunidad autónoma. Por un lado, en Liberbank quedó integrada Caja Extremadura. Por otro, Banco Caixa Geral es fruto de la fusión hace década y media de Banco Extremadura con el Banco Luso Español y el Banco Simeón.
En total, la coincidencia de sucursales se produciría en una treintena de localidades. «Para nosotros, en Extremadura, la opción de Liberbank sería la menos buena», señalaban ayer fuentes sindicales de Banco Caixa Geral en la región, si bien, matizaban que «es muy pronto aún» para dar nada por seguro. «No tenemos ninguna información oficial. La hemos solicitado hoy [por ayer] a la dirección», precisaban las mencionadas fuentes, que reconocían, eso sí, que existe «bastante preocupación» en la plantilla de esta entidad, en especial entre los 135 trabajadores que desarrollan su labor en la parte extremeña de la red (una cuarta parte de los 524 que la conforman).
Todas las sucursales que tiene este banco en la provincia de Cáceres (25) están situadas en municipios en los que Liberbank también tiene presencia, ya sea con oficinas (en 22 de ellos) o mediante agencias, según la información recogida en las webs de ambas entidades. En el caso de la provincia de Badajoz el solapamiento es algo menor, pero también elevado, con coincidencia en 11 de las 17 oficinas de Banco Caixa Geral. Por contra, la absorción sí que permitiría a Liberbank expandirse en otras autonomías, como sucedería en el caso de Galicia, donde estaba arraigado el Banco Simeón y donde a día de hoy tiene pocos establecimientos.
En el 2012 ya se habló de la posible compra de Banco Caixa Geral por parte de Liberbank. Incluso se llegó a cuantificar la oferta: 150 millones de euros, si bien los contactos no llegaron a fructificar. En aquel momento su red de oficinas la integraban 210 sucursales y la plantilla superaba el millar de empleados en toda España. Tras los dos expedientes de regulación de empleo que se aplicaron en el 2012 y el 2013 y la venta de quince oficinas a Cajalmendralejo, ambas variables se han reducido a la mitad.
CUATRO AÑOS CON BENEFICIOS / Aunque tras los ajustes el banco lleva cuatro años dando beneficios, la matriz portuguesa está obligada a la venta de su negocio en España, ya que esta enajenación se enmarca dentro de las condiciones que impuso la Comisión Europea a CGD para que pudiera recibir ayudas públicas.
«Esto no se entiende nada», resumía ayer Miguel Ángel Rodríguez Castellano, secretario general de la sección Sindical de Sibank (antes Csica) en Liberbank. «Ahora mismo estamos padeciendo un ERE basado en causas económicas y organizativas para sacar de la entidad a 525 trabajadores y el resto estamos sometidos a reducciones de jornada y de salario hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Cómo se entiende que de pronto quieran comprar otro banco»?, arguyó. «Me parece una tomadura de pelo para los trabajadores, para los reguladores y para el erario público».
Este responsable sindical avisó de que el probable objetivo de esta operación es quedarse con «el fondo de comercio, activo saneado, pasivo y clientes buenos» para luego, a continuación, acometer una nueva «restructuración de oficinas y empleados».
También se refirió a este asunto ayer Isabel Gil Rosiña, la portavoz de la Junta de Extremadura, quien avanzó que la Administración autonómica no puede aventurarse en una cuestión que «no está encima de la mesa todavía», informa Europa Press. «Por lo tanto, atendiendo a los problemas que ya tenemos con la exclusión financiera, que son muchos, no nos vamos a aventurar al capítulo dos cuando está por resolver el capítulo uno», arguyó.
