El Ayuntamiento de Olivenza renunció en 2006 a la posibilidad de reclamar a los propietarios de Lusográfica los terrenos en los que se ubica la planta de impresión, ahora en concurso de acreedores, argumentando que la empresa había cumplido con todos los compromisos adquiridos una vez transcurrido el plazo pactado de cinco años, a pesar de que la sociedad no cumplió con la obligación de crear al menos 100 empleos directos. El gobierno local, que adoptó esta decisión hace ahora casi tres años, cuando era alcalde Ramón Rocha, dejó así el camino libre a los propietarios de la imprenta para quedarse con unos terrenos de 65.000 metros cuadrados que obtuvo en 2001 por 400 euros.
Esta decisión del ayuntamiento oliventino fue hecha pública ayer por el PP extremeño, a través de la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, quien facilitó a los medios de comunicación una copia del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 14 de febrero del 2006, cuando se cumplían cinco años desde la adquisición de los terrenos por parte de la empresa.
También distribuyó el citado pliego de condiciones, el mismo que recoge la "obligación", entre otras, de crear al menos 100 puestos de trabajo directos. Sin embargo, según los datos del Registro Mercantil, Lusográfica nunca alcanzó en esa fecha, ni después tampoco, la cifra de 100 empleados --llegó a un máximo de 70, aunque actualmente hay 47--, por lo que el gobierno local de Olivenza adoptó una decisión que supone "atropello" a los intereses de la localidad, según Teniente, quien pidió explicaciones a los responsables del acuerdo. Unas explicaciones que por el momento no han llegado: EL PERIODICO habló ayer con el entonces alcalde de la ciudad, Ramón Rocha, quien declinó hacer cualquier valoración, según dijo, hasta conocer en detalle los documentos aportados por el PP. Este diario trató de contactar con el actual alcalde, Manuel Cayado, pero no respondía a las llamadas, al igual hizo el grupo Lerner, propietario de Lusográfica.
Mientras tanto, la Junta sigue buscando a un comprador que le acompañe en el proyecto, ya que Sofiex posee el 24% del capital de una empresa que desde que se puso en marcha se calcula que ha recibido, según el PP "un conjunto de regalos, de subvenciones, de ayudas", que alcanzan los13 millones de euros.
El gobierno extremeño podrá mañana jueves exponer sus avances, ya que se ha incluido en el pleno de la Asamblea una pregunta sobre la situación de la empresa. No obstante, el Grupo Socialista ya avanzó a través de su portavoz, Ignacio Sánchez Amor, que ahora lo importante es buscar una solución que garantice la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo.
Es la misma postura que defienden los representantes de los trabajadores, quienes aseguran que el PP, que ha amenazado con llevar el asunto a los tribunales, "le está haciendo un flaco favor a los trabajadores". "Ahora nuestro objetivo es que tengan una salida decente", señaló Luis Cortés, de CC.OO., quien avanzó que hoy habrá una asamblea para informar de los avances en las negociaciones con la empresa sobre las condiciones de los despidos que vayan a producirse.
