Las organizaciones agrarias UPA-UCE, Apag-Extremadura-Asaja y COAG consideran un nuevo "mazazo" para la agricultura extremeña el rechazo del Gobierno central a declarar de interés general el proyecto de ampliación de regadíos en Tierra de Barros y, por tanto, a asumir una tercera parte de su financiación.
El proyecto de ampliación de regadío de Tierra de Barros conllevaría la transformación de 15.000 hectáreas, con un coste de 197 millones de euros, que sería financiado a partes iguales por la Comunidad de Regantes, la Junta de Extremadura y la Administración del Estado, siempre y cuando ésta le diera la categoría de Interés General, algo que finalmente ha rechazado, según ha informado hoy la consejera del ramo, Begoña García Bernal.
En declaraciones a Efe, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha dicho que si se confirma esta negativa, "sería un mazazo impresionante para toda la comarca de Tierra de Barros y para Extremadura", porque supondría "un varapalo muy importante que podría incluso imposibilitar el que continuara hacia adelante".
Huertas ha insistido en que desconoce el contenido de la respuesta que el Ministerio de Agricultura ha dado a la Junta, por lo que ha dicho que es necesario actuar con "prudencia" hasta ver qué "noticias tenemos", qué "planteamientos son los que se hacen y qué alternativas puede haber"
No obstante, ha recalcado que la "primera reacción es de rechazo total y de sorpresa".
Además, Ignacio Huertas ha lamentado que "parece que haya un enconamiento del Gobierno nacional contra el sector del viñedo" en la región, que ocupa casi 100.000 hectáreas y que genera "muchos miles de puestos de trabajo".
Por ello, el dirigente agrario ha señalado que desde UPA-UCE van a utilizar todos los medios a su alcance para que "se pueda cambiar esta decisión" que puede afectar "gravemente" al conjunto del sector agrario extremeño, ya que el proyecto de regadíos en Tierra de Barros tiene un "impacto muy importante para la agricultura y la ganadería en la región".
Por su parte, el presidente de Apag-Extremadura-Asaja, Juan Metidieri, tras aclarar que su organización no tiene confirmado que el Ministerio se vaya a desmarcar de este proyecto, ha reconocido que de ser así, supondría "ponerse de espaldas a la hora de apostar por la agricultura extremeña".
Metidieri ha mostrado su apoyo a la ampliación de los regadíos en Tierra de Barros, un proyecto que ve necesario para la comarca y la región, por lo que cree que el Gobierno central "debe de estar a la altura y abordar este tipo de inversiones" en la comunidad autónoma con una "apuesta firme y decidida".
Para el coordinador de COAG Extremadura, Juan Moreno Campillejo, la negativa a apoyar la viabilidad de la ampliación de estos regadíos supone "un verdadero palo", "un agravio más del Ministerio y del Gobierno central contra la comunidad autónoma y contra sus agricultores".
Moreno Campillejo se ha preguntado por qué el proyecto no es ahora viable y sí lo era hace tres años, cuando lo impulsó el entonces gobierno de José Antonio Monago, y ha denunciado la desventaja en la que se encuentran los agricultores extremeños cuando tienen una superficie mínima de viñedo en regadío frente a otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, con un 40 por ciento de superficie regable para este cultivo.
Por parte de La Unión, Luis Cortés, ha recordado que ellos habían planteado dudas sobre la viabilidad de este proyecto porque cuestionan que el pantano de Alange, de donde se tomará el agua y que está fuera del sistema Guadiana, tenga la capacidad suficiente como para regar 15.000 hectáreas de cultivo permanente.
Cortés ha destacado, no obstante, que "está claro que Tierra de Barros necesita agua, porque de lo contrario vamos a tener problemas importantes de mantenimiento tanto en el olivar como el viñedo".
