El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado, con a la mayoría absoluta del PSOE, instar a la Junta a rescindir el contrato con la empresa Ambulancias Tenorio, tal y como ha pedido el PP en una iniciativa que ha contado con el apoyo de Cs y Unidas por Extremadura.
A través de una propuesta de impulso, los populares han emplazado al Ejecutivo regional a iniciar el procedimiento legal establecido para poner fin al contrato para la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre ante una situación de "abusos, de fraude, de vulneración de derechos para los trabajadores y de riesgo para los pacientes y sus familiares".
Una situación, ha aseverado la portavoz parlamentaria del PP, Cristina Teniente, que ha sido confirmada por la Inspección de Trabajo en el informe que ha elaborado a raíz de las denuncias interpuestas por los sindicatos.
En el documento, ha explicado, se detalla que la empresa ha dejado sin abonar 1,4 millones de euros a los trabajadores en 2018, que a 450 trabajadores no se les retribuye las horas de presencia y a 105 las horas extraordinarias.
A ello se suma la contratación fraudulenta de 73 personas bajo la modalidad de contrato en prácticas, un fraude de 700.000 euros a Seguridad Social, periodos de vacaciones señalados en calendario que "no son ciertos para el 30 % de la plantilla", una vulneración "sistemática" del derecho de descanso, y ritmos de guarida "incumplidos".
Teniente ha aseverado que estas práctica "sistemática" ha sido "tolerada" por la Junta pese a las denuncias que partidos, sindicatos y trabajadores han realizado reiteradamente, lo que "nos lleva a decir que estamos en un escándalo mayúsculo".
Un escándalo, ha recalcado la parlamentaria dirigiéndose al consejero de Sanidad, José María Vergeles, "que le debería obligar a coger la puerta desde ya", por los más de 500 trabajadores "pisoteados", por los miles de pacientes "puestos en riesgo" y por la injusticia "de no pagar lo debido".
Ha acusado también al consejero de haber estado la pasada legislatura negando la evidencia y defendiendo a una empresa que es "máquina apisonadora" de lo derechos laborales, y le ha instalado a aplicar la cláusula 26 del contrato para ponerle fin.
Unidas por Extremadura ha presentado una enmienda de modificación a la iniciativa del PP -que no ha sido aceptada- para que se inicie el procedimiento de rescisión del contrato y, posteriormente, se asuma la gestión pública del servicio de manera directa por parte de la Junta.
Se trata de que este servicio "esencial" sea gestionado por la Administración regional "y no esté sometido a los intereses de las empresas privadas beneficiarias", ha indicado el diputado Joaquín Macías.
"No se trata de un cambio de una empresa por otra, se trata de un cambio de modelo" que, ha subrayado, permitirá también salvaguardar los derechos de los trabajadores y un ahorro de costes "significativo".
Ha defendido que esta propuesta "es factible y funciona", y como ejemplo ha aludido al sistema sanitario público de Baleares, que en abril de 2018 asumió este mismo servicio, quue también estaba prestando Ambulancias Tenorio con "el mimo patrón de comportamiento" que en Extremadura.
A pesar de que la enmienda no ha sido aceptada por el PP y, por tanto, no ha sido incorporada al texto de la propuesta, Unidas por Extremadura ha votado a favor de esta.
La diputada de Ciudadanos Encarnación Martín ha ofrecido su "total apoyo" al PP en esta iniciativa y ha recomendado esperar a los resultados de los informes técnicos para instar, acto seguido, a la Junta de Extremadura a rescindir el contrato y tomar las medidas oportunas.
Además, ha aprovechado su intervención para preguntar al Gobierno se si compromete a que próximas licitaciones sean "por consenso político".
Por el Grupo Socialista, la diputada Catalina Paredes ha acusado al PP de "irresponsable" por pedir la rescisión del contrato sin tener una alternativa para seguir prestando el servicio de transporte sanitario, y por pretender que la Junta que se salte la legalidad tomando esta decisión "sin tener base jurídica".
A su juicio, los populares han presentado propuesta "política" para volver a cuestionar un concurso "totalmente legal" y avalado por dos sentencias judiciales, y con una intención, "atacar" al consejero de Sanidad.
Ha defendido que la Junta ha iniciado la labor inspectora, algo rechazado por el PP alegando que ha sido a raíz de las denuncias sindicales, y ha pedido "prudencia y respeto" hasta que no se concluya el expediente.
Llegado ese momento, ha insistido Paredes, será la Comisión del Transporte Sanitario Terrestre la que decidirá las penalidades a imponer de ser procedentes, "no la Asamblea".
"Y si hay que rescindir, previamente habrá que estudiar las fórmulas alternativas para la prestación de este servicio", ha añadido.
