El Ayuntamiento de Orellana de la Sierra (Orellanita) ha remitido desde el 2006 notificaciones a los propietarios de los chalés que se estaban edificando en los alrededores del pantano de Orellana ordenándoles que pararan las obras por ser este un espacio protegido, ya que es una Zona Especial de Protección de Aves (Zepa) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), además de estar incluida en la Red Natura 2000, según declaró ayer Miguel Angel Gómez, secretario de este ayuntamiento.
Los escritos se han enviado "a medida que llegaban las denuncias del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), de la Guardia Civil y de los ecologistas; fueron unos 50". Sin embargo "han hecho caso omiso al ayuntamiento", señaló.
Pero a finales del 2007 llegaron las primeras denuncias de Ecologistas Extremadura al fiscal delegado de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Agustín Manzano.
Desde entonces y hasta el pasado mes de enero, esta fiscalía ha tramitado alrededor de medio centenar de denuncias por chalés construidos en el paraje Los Tercios junto al embalse de Orellana (además de otros tres en el término de Puebla de Alcocer y cinco en Navalvillar de Pela), que han sido trasladadas al juzgado de Villanueva de la Serena, que instruye las diligencias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
Entre las construcciones ilegales denunciadas se incluye el chalé de la esposa del alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Angel Gallardo (PSOE), según informó ayer el diario Hoy. Se trata de una casa prefabricada de madera que se levantó sobre unos cimientos, a pesar de la denuncia del Seprona, por lo que Gallardo, su esposa y el constructor figuran como imputados.
A la fiscalía de Medio Ambiente han llegado también denuncias de los agentes forestales y de la Junta de Extremadura que las remitieron al Fiscal Superior de Extremadura y éste a su vez se las derivó a Agustín Manzano.
En la zona hay más de 50 edificaciones ilegales, sin embargo algunas son muy antiguas y podría haber prescrito el delito. Los vecinos de Orellanita dicen que los propietarios de estos chalés proceden de otros puntos de la región y de ciudades de Castellón, Vizcaya, Barcelona o Madrid. También hay italianos y algún holandés, según el fiscal.
En estos momentos se están practicando las pruebas y cuando concluyan se remitirán a la fiscalía para la calificación. El código penal contempla por estos delitos penas de prisión de 6 meses a 3 años, multa de 12 a 24 meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio de 6 meses a 3 años para los promotores, constructores o técnicos directores, además de la demolición.
Ecologistas Extremadura, que también ha presentado denuncias por edificaciones ilegales en otras zonas protegidas de La Vera, Sierra de San Pedro, Los Llanos de Cáceres o el embalse de Alange, espera que los juzgados actúen y cree que "la única solución pasa por la demolición y la restauración del hábitat, porque si no no se acaba con esto", según Pablo Ramos, coordinador de esta asociación, quien recordó que todavía no ha habido ninguna sentencia de todas las denuncias que han presentado.
MIRAR A OTRO LADO Este colectivo llegó a dirigirse a la Junta de Extremadura por la situación de "descontrol" que se estaba produciendo en algunas zonas protegidas, "y le solicitamos incluso que asumiera las competencias urbanísticas ante el caos, la especulación y la impunidad, ya que muchos ayuntamientos miran para otro lado".
En la provincia de Badajoz no ha habido hasta ahora ningún caso de este tipo en los juzgados, "nunca se ha tramitado hasta el final ningún caso de estos", según el fiscal de Medio Ambiente, quien recordó que estos delitos se incluyeron en la última reforma que se hizo en el 2007 del código penal. Sin embargo, en el caso de Cáceres sí ha habido algunas sentencias condenatorias por estos delitos.
