El caso de la ESO de los 1.000 euros no es único. En los últimos años se han producido filtraciones de exámenes en varias comunidades, sobre todo ante la celebración de oposiciones. Uno de los más significativos es el que se produjo en el año 2008 en Granada, donde la Audiencia Provincial condenó a un año de cárcel y la inhabilitación profesional a dos empleados del ayuntamiento de la ciudad por un delito de revelación de secretos cometido por funcionario público por filtrar las pruebas de una oposición al cuerpo de bomberos. En el año 2011, la Fiscalía acusó en Castilla y León a siete médicos de difundir las preguntas de un examen de una oposición pública para la especialidad de Traumatología que se celebró en mayo de 2007 en Zamora y que fue anulada y repetida después ante la sospecha de filtración por la elevada nota que obtuvieron algunos aspirantes. El Ministerio Público pedía 11 años de cárcel para el vocal del tribunal y los opositores que se habrían beneficiado, pero finalmente fueron absueltos por falta de pruebas. Quizá el caso más reciente sea el de La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), que ha denunciado ante la Fiscalía de Barcelona a la Academia Sol por filtrar a través de WhatsApp las respuestas de un examen de Electromagnetismo. Hay implicados veinte estudiantes.
