La Política Agraria Comunitaria y el Plan de Desarrollo Rural son dos de los temas más candentes de la actualidad regional, pero también asuntos difíciles de abordar sin caer en tecnicismos o acabar provocando el desinterés del auditorio. Sin embargo, el centenar de profesionales del campo convocados por el Periódico Extremadura y AgroBank demostraron que la convocatoria caló hondo, pues intervinieron con vehemencia en el turno de preguntas, planteando cuestiones en algunos casos comprometidas a los ponentes.
La encargada de 'abrir fuego' fue Yolanda García Seco, directora general de la PAC, quien se atrevió a calificar a la PAC actualmente vigente de "poco flexible y más exigente" que su antecesora. La acusó de no establecer mecanismos para proteger a los agricultores en momentos de crisis, ni de dar prioridad al pago de ayudas a los profesionales que generan empleo y riqueza. La Junta de Extremadura, al objeto facilitar la labor a los profesionales, ha puesto en marcha una herramienta informática para que puedan realizarse las solicitudes gráficas, así como medidas de simplificación administrativa.
En cuanto a las novedades de esta nueva PAC, la directora general se fijó en una que ha pasado desapercibida porque aún no se ha publicado pero se aplica este año: cambia el sistema de penalizaciones. Así, aparece la 'tarjeta amarilla'. Aquel agricultor al que no se le valide toda la superficie que ha declarado o todos sus animales no se le penaliza, pero se le saca la 'tarjeta amarilla'. Al año siguiente entra en una lista para ser sometido a inspecciones sobre el terreno y si no está bien dejará de percibir subvenciones ese año y el anterior. La tarjeta amarilla se puede convertir en roja con facilidad.
Por su parte, en la mesa redonda moderada por la periodista Rocío Cantero, el director general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, recordó que el último Plan de Desarrollo Rural (PDR) significa una inversión de 1.188 millones de euros, de los cuales, 898 los aporta la Unión Europea, 55 millones el Estado y el resto la comunidad autónoma.
16 medidas del PDR
Para la aplicación del PDR Mejías indicó que se han redactado 16 medidas, que incluso contemplan cambios en el mismo para adaptarlo mucho más a las necesidades de "quienes realmente trabajan y viven de la agricultura". El PDR que se está poniendo en marcha tiene los siguientes objetivos: mejorar más de 2.000 explotaciones, incorporar a más de 2.000 jóvenes, modernizar 125.000 hectáreas de regadío, asesorar a 8.000 agricultores, crear 20.000 hectáreas de nuevos regadíos, incrementar la superficie de agricultura ecológica, y potenciar sectores estratégicos como el de la fruta.
Por su parte, Domingo Fernández, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura --que aglutina a 40.000 productores y factura 900 millones de euros al año-- fue muy crítico con el Sistema de Información Geográfica de la Política Agraria Comunitaria (Sigpac) pues se han presentado al mismo 45.000 alegaciones, lo que supone un 70% más que en años anteriores. "Es un grave problema para nosotros y para la Administración. No puede ser que todas las parcelas cambien cada año", dijo.
Recordó que la formación es muy importante, tanto de los agricultores como de los consejos rectores de la cooperativas. "Es conveniente una preparación básica para formar parte de ellos", dijo.
También indicó que no pueden intervenir tantos organismos para cualquier autorización y reclamó reducir la burocracia. Le preocupan a Domingo Fernández los costes del transporte de nuestros productos alimentarios ya que Extremadura está en un extremo de la Unión Europea y los precios se incrementan, mermando su competitividad.
El turno de preguntas estuvo muy animado. Los profesionales preguntaron por el pago de oleaginosas y arroz, los problemas con el Sigpac e incluso pusieron sobre la mesa el asunto de la tuberculosis bovina.
