Los pacientes podrán exigir a partir de septiembre operarse antes de 180 días

El consejero de Sanidad y Consumo, Guillermo Fernández Vara, recordó durante su intervención que la ley establece un plazo máximo de 180 días naturales de espera para las intervenciones quirúrgicas, 60 para acceder a primeras consultas y 30 para las pruebas diagnósticas y terapéuticas. "En el momento en que entre en vigor, cualquier ciudadano podrá exigir sus derechos", matizó.

Fernández Vara fue más allá al asegurar que se reducirán los plazos máximos de espera en determinadas patologías durante el periodo que va desde que se abre la publicación de la ley hasta su puesta en marcha. A partir de ese momento, cualquier paciente que rebase los plazos fijados en la ley, deberá cursar su reclamación al Defensor del Usuario, quien informará de las opciones para recibir esa prestación en otros centros del sistema público o a través de clínicas privadas concertadas.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) tiene previsto establecer un concierto de servicios con clínicas privadas para atender aquellos requerimientos que no fueran posibles en hospitales de la red pública. Con este texto, Extremadura se convertiría en la segunda comunidad española que regula por ley la reducción de las listas de espera sanitaria.

En declaraciones a EL PERIODICO EXTREMADURA, Fernández Vara destacó que por encima de la ley reguladora está el compromiso político. "El sistema sanitario español es muy bueno, pero faltan mejores respuestas en los tiempos de espera. Y ese es nuestro compromiso con los ciudadanos. Por eso es fundamental esta ley, porque independientemente de quien esté gobernando, el ciudadano tendrá la opción de exigir sus derechos".

CUESTION DE ENFOQUE Una visión que no compartía el líder del PP extremeño, Carlos Floriano, quien aseguró que se ha escogido el trámite más largo para tramitar la ley y para su entrada en vigor, ya que a "efectos prácticos" no será realidad hasta el verano de 2006 --dato desmentido por Vara--, lo que no tiene precedentes en un Estado democrático. El parlamentario popular apuntó que "Ibarra, allí donde esté" ha usado los plazos de respuesta más largos que permite la ley nacional, porque no tienen confianza en su gestión, y defendió la alternativa del PP, que recoge 90 días naturales para intervención quirúrgica, 30 para el acceso a las consultas externas de atención especializada y 15 para pruebas diagnósticas.

El consejero extremeño de Sanidad criticó esta apreciación y lamentó que estos plazos de gestión en la reducción de listas de espera no se apliquen en aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular.

Floriano mantiene que el proyecto de la Junta "no resuelve la injusticia de las listas y --añadió-- nos hace ciudadanos de segunda frente al resto de españoles con plazos de espera más cortos". El mandatario popular defendía así la enmienda a la totalidad y junto a ello el texto alternativo presentado por su grupo, cuyo objeto dijo que era "asegurar a los ciudadanos unos plazos máximos de respuesta en la atención sanitaria" distintos a los contemplados por ley. Además, abogó por ofertar la capacidad a los extremeños de elegir centro en caso de superarse los tiempos, así como en caso de tener que ser asistido fuera de la región, se costee el desplazamiento de familiares.

EL DATO DE IU Por su parte, el diputado de IU-Siex Cristóbal Guerrero criticó la "política de gestos" de la Junta de Extremadura al hacer ver que se legisla para los ciudadanos, pero sin embargo, como en el caso de esta ley, no va acompañada de medidas. Guerrero dijo que la "pértiga" para acabar con las listas de espera es "dinero, dinero y dinero" y lamentó la confusión entre lo público y lo privado.

A su juicio, la única ley de plazos aceptable es la que suponga la desaparición de listas. Un gesto que fue reprendido por Francisco García Ramos, quien ensalzó de ley por los compromisos que asume el Gobierno autónomo en favor del usuario.