La Junta de Extremadura y el Estado han alcanzado un acuerdo sobre varios preceptos del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura, que habían sido recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de España y que serán modificados por la región. El Gobierno entendía que esos preceptos podían vulnerar las competencias del Estado en materia de legislación civil, mercantil y procesal, así como las relativas a las bases de ordenación del crédito y a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
La Junta informó ayer de que el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración del Estado y la comunidad autónoma conlleva la conclusión del trámite del recurso presentado ante el TC. Para la Junta, este acuerdo, alcanzado el pasado día 27 de diciembre, permite a Extremadura reforzar y mejorar de forma significativa la protección jurídica de los consumidores de la región.
