La calima sobrevuela los campos de la dehesa al son que marca el sonido de las cigarras. La densa y brillante luz del sol que antes aplastaba la tierra y permeaba lentamente en las rocas, ahora además rebota en placas de silicio cristalino que conforman un gran espejo en el que se refleja el futuro energético de la región.

El paisaje cambia en Extremadura. La idea de aprovechar la energía solar para convertirla en electricidad sigue materializándose mediante la instalación de grandes plantas de placas solares. Era evidente que una de las regiones con mejor recurso solar de Europa y de la OCDE (más de 2.800 horas de sol al año) iba a ser objeto de aprovechamiento. La cuestión era temporal. El abaratamiento de los costes de la tecnología fotovoltaica, la oportunidad real de negocio y «la agilización en la tramitación administrativa», según defendía el exconsejero de Economía e Infraestructura José Luis Navarro, ha hecho explotar el boom de iniciativas empresariales que quiere cambiar el panorama energético de la región. Algunos con adjudicaciones de gran cantidad de megawatios conseguidos en la subasta nacional, otros como parte de grandes fondos de inversión iniciados hace tiempo. 1.900 megawatios de potencia que una red eléctrica deberá estar preparada para absorber. Afirmaba la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que «el modelo de subasta aplicado hasta ahora no siempre va a permitir que se pueda construir de manera inmediata plantas con la conexión y la evacuación a la red necesaria», algo con lo que está de acuerdo Vicente Sánchez Fernández, presidente del Clúster de la Energía de Extremadura: «Aunque eficaz, existe poca inversión para garantizar la operabilidad de la red si el ritmo de inversión se mantiene».

Sánchez hace hincapié en que el futuro de las renovables debe pasar por apostar por el autoabastecimiento. «Se va abrir un largo período que va a incentivar mucha actividad económica en torno a las energías renovables, pero hay que liberalizar realmente el sector y que las empresas puedan competir así como impulsar el autonconsumo». Y es que las energías renovables son hoy por hoy un negocio controlado por un oligopolio de empresas grandes. La historia de siempre. La viabilidad de la energía solar tanto en Extremadura como en el resto del país es una realidad gracias a familias de propietarios que entre 2004 y 2010 invirtieron en parques de producción de energía fotovoltaica al amparo de políticas del gobierno. Más de 62.000 productores sentaron las bases de la democratización de la red de energía de este tipo. «Esas familias maduraron la tecnología, crearon las armas frente a los peores escenarios del cambio climático, pero las variaciones en las condiciones iniciales con distintas normativas retroactivas han destruido una gran oportunidad de socializar la energía fotovoltaica», denuncia Rafael Barrera, director de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). 15 años después de esas primeras inversiones, el 70% de la potencia renovable en España se concentra en mano de 17 empresas.

los olvidados / Alberto Cuadras es uno de los pioneros que apostó por la energía solar en España. En el año 2008 invirtió junto con más de 400 socios minoritarios en la instalación de un campo de placas fotovoltaicas de doble eje en Almaraz (Cáceres) impulsado por la empresa de energías renovables OPDE. «Los inversores particulares hemos pagado todo los costes derivados de la cadena de instalación. Desde los estudios pertinentes, al montaje de las placas», declara. Su inversión consta de 99 kw de los 22,10 mw totales de la planta. «El gobierno bajo la presión de leyes europeas necesitaba impulsar la energía renovable cuando las eléctricas no querían invertir», recuerda. Ellos fueron la respuesta, pero a partir del año 2010 y durante los 4 años posteriores, un conjunto de hasta 7 normas retroactivas influyeron negativamente en la rentabilidad de la producción de energía solar. Impulsadas por el gobierno de turno, provocaron que miles de personas como Alberto Cuadras «hayan tenido que vender y entregar las plantas por la mitad y hasta la tercera parte del precio para quitarse los créditos adquiridos con los bancos» afirma. Él aún tiene que pagar 30.000 euros al año hasta 2021 para mantener su inversión. «Es una vergüenza que el Tribunal Supremo haya avalado tal barbarie», denuncia, y desde entonces no ha parado de publicar artículos para continuar haciéndolo.

Un gran pacto de estado / La región es un claro ejemplo de las consecuencias que ha tenido la gestión política en la propiedad de la energía fotovoltaica. Extremadura cuenta con tan solo 5.000 instalaciones a pesar de ser una de las comunidades con mayor potencia instalada (561 mw). Es decir, el tamaño más recurrente de las plantas de producción es de 100 kw, parques que pequeños productores no pueden permitirse. Parece ser que si no se tiene la posibilidad de realizar una gran inversión, no se puede producir energía fotovoltaica aquí. Las subastas nacionales han acrecentado esta situación, pues las empresas que han participado han tenido que depositar un aval de 60.000 euros por cada megavatio ofertado. En general, un modelo de incentivar la producción de energía renovable que no tiene en cuenta el autoconsumo.

«El reto es que la riqueza que produce la energía fotovoltaica se socialice, que la gente de Extremadura pueda beneficiarse del sol de Extremadura», reclama Rafael Barerra y añade que «son tecnologías accesibles al ciudadano». No en Extremadura. La región es una en la que menos instalaciones de autoconsumo hay. Solo se ha registrado una instalación de producción por debajo de los 10 kw (producción doméstica) en comparación con las 50 de Andalucía o las 16 de Castilla-La Mancha, regiones las tres con una producción total por encima de 1 GW durante el año pasado.

El presidente del Clúster de la Energía en Extremadura, Vicente Sánchez, tiene claro que el modelo de renovable que demandan los ciudadanos pasa por la legislación del autoconsumo y su incentivo. «Hay que legislar para eliminar las trabas existentes al instalar placas solares para el autoabastecimiento»: establecer costes fijos con las eléctricas para el uso de la red como contenedor de la energía producida sobrante, incentivos fiscales para las pequeñas instalaciones que hagan atractiva la inversión para los productores o eliminar el llamado impuesto al sol. «El futuro de las renovables pasa por establecer un gran pacto de estado que permita liberalizar completamente el sector», asegura.

En este sentido ambos directivos ven con optimismo la actitud del actual gobierno para con el futuro de las renovables. La creación de un Ministerio de Transición Ecológica y la intención del Ejecutivo nacional de sacar adelante un plan de choque en materia energética animan a un sector que solo representa el 3% de la producción energética del país.