Con unos precios por debajo de lo que se cobraba hace tres décadas y una subida salarial del 30% en el último año, es imposible cualquier mínima rentabilidad». Lo dijo ayer el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, pero la expresión representa el sentir mayoritario de las asociaciones y organizaciones agrarias respecto a la nueva subida del salario mínimo a los 950 euros. Los jornaleros eventuales pasarán a cobrar 7,56 euros la hora (48,89 euros la peonada de seis horas y media, 2,57 más) y todos coinciden en que este nuevo incremento es «inasumible» para el campo extremeño: la renta de los agricultores y ganaderos cayó un 8,3% en 2019 mientras la especulación y los bajos precios ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones.

Frutales, olivar superintensivo, viñedo tradicional, tabaco y pimentón serán los sectores más afectados porque son los que más mano de obra generan. De hecho, desde la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex) no ocultan su «preocupación». «Los productores no pueden soportar más costes que no son asumidos por el mercado», afirma su gerente, Miguel Ángel Gómez. La consecuencia, explica, «menos agricultores y menos mano de obra»: solo en el último año se han arrancado en Extremadura unas 2.700 hectáreas de frutales (sobre todo ciruela y nectarina) y Afruex calcula que esto se traducirá en medio millón de peonadas menos para la campaña de este año.

Las mismas cifras aporta Asaja, una de las organizaciones agrarias más criticas con esta segunda subida del salario mínimo. Su presidente, Ángel García Blanco, prevé que será «la ruina» del campo extremeño y tilda el acuerdo cerrado entre el Gobierno y los agentes sociales de «populista». «Está complementamente fuera de la realidad que se vive en el campo extremeño», señala García Blanco, que insta al resto de organizaciones a no firmar el próximo convenio del campo. Como solución, aboga una vez más por aplicar el Estatuto de los Trabajadores para que la peonada se eleve a las ocho horas.

REESTRUCTURACIÓN / En la misma línea, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, califica de «mala noticia para el campo extremeño» la medida. A su juicio, con este tipo de políticas se va a obligar al campo extremeño a acometer una reestructuración, de tal forma que las producciones generadoras de mano de obra tenderán a desaparecer por otras alternativas «mecanizadas» y con menos coste laboral, como el tomate o el almendro.

Además, Metidieri también criticó que este tipo de decisiones se hagan «sobre tabla rasa» en todo el país cuando existe una brecha salarial de 600 euros entre un extremeño y un vasco. «Es muy diferente un salario mínimo de 950 euros en una comunidad o en otra», señaló.

Por su parte, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, recordó que actualmente los precios «no cubren los costes de las explotaciones por la especulación de las industrias y empresas distribuidoras» y por ello exigió al nuevo Gobierno que también ponga negro sobre blanco encima de la mesa leyes contra las «malas prácticas» que hacen que los agricultores estén constantemente perdiendo renta. «Necesitamos salarios dignos, pero también precios que cubran costes», defendió.

En cualquier caso, lo que queda claro es que el real decreto que aprobará el Gobierno con la subida del salario mínimo es de obligado cumplimiento para todos los sectores y por ello, en un plazo de 15 días las organizaciones agrarias se reunirán con los sindicatos CCOO y UGT para actualizar las tablas salariales del campo. La idea, según explica Miguel Talavera, secretario general de FICA-UGT, es que ya en la nómina de febrero se puedan adaptar los salarios para evitar atrasos. Este será además el primer paso para retomar la negociación del nuevo convenio del campo, paralizado después de que el año pasado no se llegara a un acuerdo entre ambas partes por el aumento de jornada que pedían las organizaciones agrarias y que supuso una línea roja para los sindicatos. El nuevo escenario complicará las negociaciones, pero desde UGT y CCOO confían en que finalmente se pueda llegar a un acuerdo porque «esta vez no hay excusas», dijo Talavera. Desde CCOO, el responsable de la Federación Agroalimentaria, Saturnino Lagar, no cree que esta nueva subida salarial pueda afectar negativamente al campo. «Al contrario, lo hará más atractivo para la mano de obra que tanta falta le hace», aseguró.