El secretario general de la Creex (Confederación Regional Empresarial Extremeña), Javier Peinado, ha considerado que la medida que entra en vigor este domingo, día 12, que obliga a las empresas a que registren la jornada laboral de los empleados supone "tratar de matar moscas a cañonazos".
Además, ha alertado de que va a "lastrar" la competitividad y, "sobre todo", en ciertos sectores donde en Extremadura "va a tener por desgracia una incidencia muy negativa" dada la configuración y el tamaño de las empresas de la región, en las que "es más difícil, como siempre, de asumir estos cumplimientos".
Peinado ha sostenido que el "famoso viernes social" para el sector empresarial "fue un Viernes de Dolores", dado que "siempre se carga sobre los mismos", mientras que sobre esta iniciativa ya han manifestado "claramente" a nivel nacional y regional que es "negativa" y que "va a lastrar la competitividad de las empresas y, sobre todo, de las microempresas y de los autónomos y de los pequeños trabajadores".
También va a "lastrar sobre todo" ciertos sectores que en Extremadura tienen una especial incidencia a juicio de Javier Peinado, que ha valorado que el cumplimiento de esta norma "puede ser fácil" en algunos centros de trabajo y actividades como un comercio minorista o una oficina de atención de despachos con horarios establecidos, mientras que en otras actividades "es muy complicado llevarlo a cabo".
"No olvidemos que es una norma que lleva unas sanciones aparejadas, donde la Inspección de trabajo va a tener que velar por el cumplimiento y que si pensamos, por ejemplo, en la agricultura, en la ganadería donde los centros de trabajo están abiertos, en actividades como la hostelería, en actividades también donde hay servicios de guardias 24 horas, en el transporte, pues va a ser muy complicado", ha ejemplificado, junto a las pequeñas empresas que hacen reparaciones a domicilio.
Así, ha insistido en que esta medida es de "muy difícil cumplimiento de la manera que está, de momento, prevista", pero que desde la Creex están intentando aconsejar a las empresas que "de la manera mejor posible lo hagan", aunque creen que "va a restar más de lo que va a aportar".
En este sentido, ha recalcado que, si lo que se pretendía era luchar contra la economía sumergida, esta última "no aparece en ningún sitio y la inspección de trabajo tiene muy difícil detectarla".
Asimismo, si se pretendía el "famoso estigma" o "al menos presunción que hay" sobre que los contratos a tiempo parcial "a veces son fraudulentos porque se echan más horas de las que realmente están recogidas en el contrato", "no era necesario esta medida" dado que desde 2015 ya era obligatorio en este tipo de contratos comunicar a la Inspección los horarios de los trabajadores "de manera detallada".
