Casi 4.000 extremeños se han convertido en pensionistas en el último año. Y con una pensión media de 20 euros más al mes en este tiempo. Con un crecimiento de las pensiones a mayor velocidad que las cotizaciones con las que estas se costean, las arcas de la Seguridad Social flojean y hay que buscar remedio para las generaciones futuras, porque serán los trabajadores de mañana los que tendrán que pagar con sus aportaciones las jubilaciones de los activos de hoy.
A los cambios establecidos en el 2011 como retrasar la edad de jubilación a los 67 años, en vigor desde enero, se suma una nueva fórmula presentada por el Consejo de Ministros la semana pasada: un anteproyecto de reforma que desvincula las pensiones de la subida del IPC anual hasta ahora vigente, aunque incumplido en los tres últimos años --en 2010 las pensiones se congelaron y en el 2011 y 2012 crecieron un 2% y 1%, respectivamente, por debajo del IPC en ambos casos--. La nueva fórmula de revalorización está sobre la mesa y el debate, en la calle. Expertos, políticos, agentes sociales y hasta algunos afectados son unánimes en la necesidad de reformas porque el gasto en jubilaciones crecerá en el futuro por el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento y el importe de las pensiones, pero discrepan en la forma de hacerlas.
Los cambios planteados ahora, que podrían entrar en vigor el próximo enero, suponen una subida mínima del 0,25% al año y un máximo del IPC más el 0,25%. Sin embargo, la intención del Ejecutivo es optar por el mínimo incremento los próximos años, aunque "aún hay margen para negociar durante el trámite parlamentario", admite el ministro Cristobal Montoro. ¿Qué supondrá esto para los más de 214.000 extremeños que tienen pensiones contributivas (ligadas a su cotización)? De entrada, una pérdida de poder adquisitivo, ya que sus pagas no crecerán lo mismo que el coste de la vida.
Esto se traduce para el PSOE en una pérdida de ingresos de entre 200 y 1.000 euros al año. El portavoz socialista en Extremadura, Santos Jorna, avanzó hace unos días que será "el mayor recorte que se ha producido en la historia del sistema de pensiones en España" y criticó que llegue cuando muchos mayores están ayudando a sus familiares en paro y mientras sube la luz, el agua y los medicamentos, como critican también Amparo y Manuela, dos pensionistas cacereñas que no llegan a los 600 euros.
Los populares, por su parte, piden tranquilidad. "Se van a garantizar las pensiones del presente y del futuro; no se van a congelar nunca e incluso puede que haya años en los que suba el IPC más ese 0,25%", señaló el secretario del PP de Cáceres, Diego Sánchez Duque, quien como el resto, aboga por dar sostenibilidad a un sistema que de seguir así será inviable en el futuro.
DEVALUACION REAL Es también una de las conclusiones del economista Julián Ramajo. Este catedrático de la Uex considera esencial atajar cuanto antes un problema que viene coleando. "Se podrá discutir cómo hacer que el impacto negativo de las medidas propuestas sea el menor posible, pero nadie debe discutir sobre la necesidad de las reformas si queremos que las próximas generaciones sigan disfrutando de un sistema de pensiones público y digno".
Este experto explica que en la práctica la fórmula de revalorización prevista "lo que supondrá es una devaluación real de las pensiones que se reciban en los próximos años, puesto que el 0,25% de subida mínima está muy por debajo del IPC que se espera para este año y los venideros". Ramajo precisa que son medidas dolorosas, en la línea de contener el gasto público, pero necesarias para tapar el agujero que han tenido las cuentas del sector público español en los últimos años y, en particular, las cuentas de la Seguridad Social.
Para evitar el colapso ya se han puesto varias reformas en marcha que deberían aplicarse progresivamente, sin embargo, la dureza de la crisis ha reducido drásticamente la relación de afiliados y pensionistas y el Gobierno ha decidido acelerar los cambios en el sistema.
RESERVAS En época de bonanza la relación entre afiliados y cotizantes fue tan positiva que se creó el llamado fondo de reserva con los excedentes para poder hacer frente a posibles faltas temporales de ingresos en caso de crisis, como ahora. El fondo llegó a disponer de más de 66.800 millones en 2011. El Gobierno central habrá utilizado casi 24.000 millones del fondo a finales del 2013 y ha presupuestado gastar otros 11.000 el próximo año. Y es que actualmente la relación entre cotizantes y pensionistas ha caído un 25% en el conjunto del país del 2007 al 2013, pasando de 2,5 activos por cada jubilado a 1,9. En Extremadura la caída es menor, de casi un 20%, al pasar del 2 a 1,6.
Sin embargo, esta nueva reforma no supone atajar el problema del sistema de pensiones. "Aparte del índice de revalorización, es necesario implementar otro de sostenibilidad, que debe tener en cuenta tanto el balance --ingresos menos gastos-- de la Seguridad Social cada año, como la esperanza de vida de los jubilados y otros factores. Sólo aplicando ambos índices se podrá garantizar el equilibrio financiero a largo plaza del sistema de pensiones en España", determina Julián Ramajo.
Los agentes sociales urgen también respuesta a un problema incesante, pero en nada les convence el anteproyecto de reforma presentado hace unos días. De hecho ha habido movilizaciones contra la pérdida de poder adquisitivo de las mermadas pensiones de los extremeños, que, de media, son las más bajas del país tras Galicia. "El problema es la cantidad de parados y eso es lo que hay que remediar para acabar con el déficit de las pensiones", replica Reyes Ramos, secretario de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO. Apunta que los cambios introducidos en 2011 garantizan la solidez del sistema a largo plazo. Juan Silva, de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT, señala la misma dirección. "Las pensiones se deben solucionar resolviendo el problema de los seis millones de parados, de los bajos sueldos en el Estado y activando el consumo", replica molesto. "Siempre perdemos los mismos", lamenta.
Isidoro Fernández, presidente de la Federación Democrática de Pensionistas y Jubilados de Extremadura insiste en que "esta reforma va en contra de los mayores". Argumenta que las pensiones en la región ya son muy bajas y muchas están sirviendo para mantener a familias completas que ahora se ven en el paro. "¿Qué hacemos con esas familias?", se pregunta. No todos están en la misma situación, por eso entre los afectados hay quien piensa incluso que son los defensores a ultranza del sistema actual sus propios enemigos. "No podemos pensar en no hacer nada, porque se está viendo que así no se puede seguir. Mientras no nos congelen más las pensiones podemos darnos por satisfechos", dice Antonio Machacón, presidente de la Asociación de Mayores Cervantes de Cáceres.
Como alternativa a las reformas del PP, los sindicatos han planteado una medida que comparte la OCDE: pagar las pensiones de viudedad y orfandad con impuestos y no con cotizaciones, con lo que se reduciría el gasto de la Seguridad Social en más de 20.000 millones anuales.
