Las organizaciones agrarias y los sindicatos siguieron ayer sin conseguir alcanzar un acuerdo en torno a la aplicación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a los trabajadores del campo. Fue el quinto encuentro que mantienen, pero el primero con la presencia del Servicio de Mediación y Arbitraje. Las partes se emplazaron a una nueva reunión, el jueves 11 de abril.
En el caso de los trabajadores eventuales, las diferencias que mantienen ambas partes oscilan entre los 42,62 euros de sueldo al día más vacaciones que defienden las organizaciones agrarias y los 46,28 de los sindicatos, vacaciones incluidas. Son alrededor de cuatro euros de diferencia consecuencia del distinto cómputo de horas anuales que se plantea en cada lado de la mesa. En cuanto a los empleados fijos, si bien se coincide en aplicar los 900 euros mensuales del nuevo SMI en catorce pagas, la patronal quiere incluir en esta cantidad la antigüedad, pero los sindicatos consideran que el aumento debe aplicarse sobre el salario base.
«Nadie pone en cuestión que ese decreto se pueda aplicar, lo que tenemos que ver es las condiciones en que se hace», incidió José Cruz, secretario de Acción Sindical y Agricultura de UPA-UCE. Ayer, explicó, los mediadores entregaron el documento con su planteamiento sobre cómo consideran que debe plasmarse la normativa. «Algunos conceptos sobre los que había dudas parece que se han aclarado un poco más», indicó, si bien agregó que esta semana van a estudiar «detenidamente el documento» para «llevar una propuesta mucho más concreta y trabajada para el día 11». En ese sentido, confío en llegar a un acuerdo ya ese día. «No queremos que esto se dilate más. Hay que dar garantía y seguridad a los agricultores».
Ángel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, reiteró, por su parte, las críticas a los sindicatos, en especial a CCOO, por seguir enviando durante estos días tablas salariales sin estar aprobadas por nadie con el fin de crear confusión. «Son unos trileros que intentan confundir y engañar a los trabajadores y a la opinión pública». El presidente de Asaja Extremadura insistió en que la voluntad de su organización es aplicar la normativa, «pero siempre que sea clara, legal y ajustada a criterios profesionales».
Miles de trabajadores
Desde APAG Extremadura Asaja, su presidente, Juan Metidieri, alertó del «futuro incierto» de cerca de 35.000 trabajadores del campo extremeño. Metidieri arguyó que las exigencias que se ponen encima de la mesa supondrían «la ruina» de muchas explotaciones, afectando especialmente a las que más mano de obra generan, por lo que calificó de inasumible una subida salarial de más de un 22% en una anualidad.
En el caso de CCOO, se saludó que la propuesta presentada por los mediadores «coincida con los criterios que el sindicato ha mantenido para fijar cuál debe ser la cuantía del salario mínimo de este convenio regional», al tiempo que se instó a las organizaciones agrarias a que acepten esta propuesta y «dejen de marear la perdiz».
