La delegada del Gobierno, Carmen Pereira, convocó ayer en Mérida a los responsables de los 383 municipios de la región para explicarles las normas que regirán el uso del fondo de inversión local --dotado con 8.000 millones para toda España, de los que 193 millones corresponden a Extremadura-- y que según afirmó permitirá la creación de unos 5.000 empleos. Pereira indicó que este fondo es una más de las 80 medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar los efectos de la crisis "y no es la solución a todos los problemas, pero sí una solución para muchas familias".
A juicio de la delegada, el plan que implica una inyección económica a los ayuntamientos para que encarguen obras a las constructoras locales "no sólo va a beneficiar a estas empresas, muchas de las cuales tenían comprometida su viabilidad, y a personas que están en el paro, sino que tendrá efectos sobre las empresas auxiliares de materiales o transportes y en general permitirá que la familias dispongan de dinero y confianza, lo que impulsará además el consumo".
Pereira recordó que los municipios tienen entre el 10 de diciembre y el 24 de enero para presentar proyectos, y que en la tarea de elaborar las memorias y los propios proyectos colaborarán si es necesario las diputaciones. Posteriormente, las actuaciones deben ser aprobadas por el Ministerio de Administraciones Públicas. A partir de ese momento los ayuntamientos tendrán 20 días para adjudicar las obras. Además, las propuestas tienen que ser actuaciones nuevas, no recogidas en presupuestos municipales "porque no se trata de sustituir inversiones municipales, sino de añadir otras nuevas".
En cuanto a lo ajustado de los plazos, la delegada del Gobierno indicó que se permitirá utilizar el procedimiento de urgencia en las adjudicaciones, lo que minimiza los trámites, porque el fin es que se empiece a contratar personas en muy poco tiempo. Una vez aprobado el proyecto, el ayuntamiento recibirá el 70% del coste de la obra, y el 30% restante llegará cuando se certifique la ejecución completa de la misma, a más tardar en el primer trimestre del 2010. Los ayuntamientos tienen un máximo de 30 días para pagar a las empresas.
En cuanto a las críticas de que puede producirse un efecto contrario al deseado, ya que se obliga a las empresas a contratar parados para estas obras, y podría dar el caso de que despidiesen personal para contratar a estos parados, Pereira comentó que la mayoría de las constructoras tienen una plantilla fija muy corta y el resto de contratos son temporales en función de las obras que consigan, así que no es previsible "salvo excepciones" que se den esos comportamientos.
Finalmente, la delegada del Gobierno aseguró que los alcaldes recibirán muy bien este plan y señaló que el Gobierno va a facilitar modelos-tipo de pliegos de condiciones y de adjudicación para facilitar las tareas a los ayuntamientos pequeños.
