El presunto cobro fraudulento de ayudas al tomate ha terminado por salpicar al Partido Popular. Y es que uno de los quince detenidos por la Guardia Civil esta semana como presunto implicado en la trama empresarial de las Vegas Bajas del Guadiana es Luciano Pérez de Acevedo, que en el periodo en el que se produjo el presunto fraude, entre 1997 y el 2000, pertenecía al comité provincial del Partido Popular de Badajoz. Aún así, Miguel Celdrán afirmó ayer que sólo es "uno más dentro de los 3.000 afiliados del PP en nuestra región", informa Ep.
Sin embargo, Pérez de Acevedo mantuvo durante años una estrecha vinculación con los máximos representantes del PP pacense. Así, además de formar parte de la Ejecutiva provincial de los populares, este abogado fue socio empresarial del actualmente senador Vicente Sánchez Cuadrado, aunque una disputa económica acabó con su relación. Asimismo, durante algún tiempo Acevedo llegó a ser designado asesor jurídico de los concejales y alcaldes del PP en la provincia de Badajoz.
SIMPLE AFILIADO DESDE EL 2000
Luciano Pérez de Acevedo, con el que este diario ha intentado sin éxito ponerse en contacto, abandonó el Comité Provincial de los populares en octubre del año 2000 tras el congreso provincial en el que Miguel Celdrán alcanzó la Presidencia del PP pacense. Antes, en 1999, acompañó a Pedro Acedo en la candidatura que el alcalde de Mérida presentó al Congreso Regional del PP cuando trataba de desbancar a Juan Ignacio Barrero del puesto, aunque finalmente perdió la votación.
En estos momentos, tal y como confirmaron ayer mismo fuentes del PP, Pérez de Acevedo, que llegó a ser presidente de la Diputación de Badajoz por UCD en 1979 y diputado autonómico por AP en la primera legislatura, es militante del PP, aunque ya no ostenta ningún cargo de responsabilidad dentro del organigrama regional del partido.
Por otra parte, cuando a finales del 2001 saltaron a la luz las posibles irregularidades en algunas empresas del sector tomatero, otro de los ahora detenidos, Vicente Onrubia, entabló una demanda contra el presidente del PP extremeño, Carlos Floriano, por la presunta vulneración de su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Onrubia solicitaba una indemnización de 50 millones de pesetas, pero finalmente ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial y aparcaron el asunto.
Lo curioso del caso es que mientras Floriano estaba representado por el diputado regional del PP Javier Casado, a Onrubia le representaba el abogado Jesús L. Aguilar, entonces miembro del Comité de Derechos y Garantías del PP que posteriormente fue expulsado del partido tras una sentencia condenatoria por timar a una cliente.
El secretario general del PP extremeño, José Antonio Monago, volvió a reclamar ayer a Rodríguez Ibarra "que diga quién es" el alto cargo del PP presuntamente implicado en el fraude del que hablaba el viernes el presidente de la Junta, y aseguró que Pérez de Acevedo no es un alto cargo y además "no fue detenido, sino que sólo prestó declaración".
