Un perito judicial está estudiando las cuentas de los últimos años de la cooperativa Caval, que estuvo al borde de la liquidación por una deuda de unos 28 millones de euros. Así lo decidió a principios del verano, a petición de la acusación particular, la jueza de Badajoz que instruye el caso. El objetivo es que una persona independiente cuantifique el agujero financiero que presenta la cooperativa y determine sus causas y posibles culpables. En el proceso judicial están imputados los exdirigentes de la cooperativa, Manuel García (exgerente), Juan José Magdaleno (expresidente del consejo rector) y Laureano Reyes (extesorero).

Entretanto, continúa la toma de declaración a numerosos testigos. Además, a la acusación inicial, promovida por un grupo de cooperativistas a los que luego se unió el consejo rector elegido tras la crisis que sufrió Caval a principios de año --en la que tuvo que negociar un acuerdo con los acreedores, tutelada por la Junta, para hacer frente a su deuda millonaria--, se han sumado ahora más personas. Se trata, según fuentes de Caval, de socios individuales y otros pertenecientes a la Cooperativa de Colonos de Valdelacalzada (que la mayoría de los cooperativistas pensaban que había desaparecido). Algunos de estos aparecen como miembros del consejo rector de la antigua sociedad, sin que tuvieran conocimiento de ello.

Por su parte, la Asociación de Mujeres de Valdelacalzada convocó ayer una manifestación, como vienen haciendo cada dos semanas. Según explicaron en una nota, con esta acción exigen que se aclare cuanto antes cómo llegó Caval a contraer una deuda millonaria.