Los permisos de paternidad bajaron el 2,41 por ciento el año pasado en España, más en Aragón y Canarias, y sólo subieron en Galicia, Navarra, Extremadura (1,52 por ciento, hasta 5.214) y Asturias, así como en Ceuta y Melilla.

Según datos de la Seguridad Social, a cierre de 2009 habían sido autorizadas 273.024 prestaciones de paternidad, un 2,41 por ciento menos que en 2008, aunque el gasto destinado a estos permisos se incrementó en el 3,72 por ciento, hasta los 220,1 millones de euros.

La autonomía en la que más descendieron las prestaciones de paternidad fue en Aragón, con una caída del 9,73 por ciento, seguida de Canarias, con una bajada del 9,15 por ciento, y la Comunidad Valenciana, con el -8,60 por ciento.

En términos absolutos, Cataluña fue la región donde se dieron más permisos, con 52.778, por delante de Andalucía, con 45.290; Madrid, con 44.553, y la Comunidad Valenciana, con 29.478.

La Rioja, con 2.157 procesos, junto con Asturias, con 4.566, y Navarra, con 4.912, fueron las autonomías con un menor número de procesos, debido a que tienen también menos población.

Por provincias, Zaragoza fue donde más se redujeron este tipo de prestaciones, con el -11,71 por ciento con respecto al año anterior, así como en Santa Cruz de Tenerife, con el -10,95 por ciento, y Castellón, con el -9,48 por ciento.

En cambio, repuntaron de manera más acusada en Lugo, con el 14,67 por ciento más de permisos que un año antes, además de en Melilla, con el 11,63 por ciento, y Orense, con el 9,80 por ciento.

Respecto al dinero desembolsado para hacer frente a estas prestaciones, Cataluña, Madrid y Andalucía fueron las comunidades con un mayor gasto en términos absolutos, pero fue en Galicia donde más aumentó el dinero destinado a este fin, con un alza del 11,85 por ciento.

De hecho, la cuantía subió en casi todos los territorios, excepto en la Comunidad Valenciana (-6,70 por ciento), Aragón (-4,26 por ciento), Canarias (-2,78 por ciento) y Baleares (-1,54 por ciento).

A partir de enero de 2011 el permiso de paternidad se ampliará de los quince días actuales que recoge la Ley de Igualdad a un mes.