Los perros de Extremadura deberán llevar obligatoriamente un microchip bajo la piel y estar registrados en el ayuntamiento de su localidad. En el caso de los gatos, este registro será voluntario. Así se establece en el decreto por el que se regula el sistema de identificación electrónica y el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura (RIACE), así como el pasaporte o DNI para animales de compañía como documento único sanitario y de identificación que fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, informó personalmente sobre la aprobación de este decreto, que denominó la "ley del microchip" y que se desarrolla la Ley de Protección Animal de Extremadura. Según aseveró, esta norma "es una de las reivindicaciones que por parte de las protectoras se viene haciendo ya hace tiempo" y destacó que en el caso de los perros, "significa no solo su control sino también su registro".

La obligatoriedad de que los canes dispongan de microchip permitirá, entre otras cosas, "la identificación de los dueños cuando de abandonos se trata", explicó el presidente regional.

En el pasaporte o DNI canino constarán los datos del animal, los de su dueño y los del veterinario que realice la identificación, así como los tratamientos sanitarios del propio can.

El coste de estas medidas será sufragado por los dueños. Instalar el chip al can costaba hace un año unos 30 euros, según las clínicas veterinarias.

7 AÑOS DE RETRASO En la redacción de esta normativa han trabajado miembros del Gobierno autonómico y de los dos colegios provinciales de veterinarios. La Ley de Protección de los Animales, que data del 2002, ya recogía esta exigencia de identificar a todos los perros, pero este aspecto no se aplicaba a falta de un decreto, que ha llegado ahora con siete años de retraso. Este asunto se debatió entre el PSOE y el PP en la Asamblea el 22 de septiembre del 2008.

Entonces se avanzó que deberán estar registrados e identificados no solo los perros con residencia habitual en la región, sino también los que vayan a permanecer más de tres meses en ella. Ambos partidos destacaron la importancia de mejorar el sistema de protección de los animales de compañía, para posibilitar la recuperación de los que se hayan perdido o robado y depurar responsabilidades entre los dueños en caso de incumplimiento de la legalidad. Además, a través de la identificación y registro de los perros, se contará con censos fiables sobre los que se podrán articular programas sanitarios preventivos o de urgencias ante enfermedades transmisibles.

En cuanto al incumplimiento de estas medidas, la ley de protección animal establece, para infracciones leves, multas que van de 60 a 300 euros. Para las muy graves, oscilan entre los 1.500 y más de 15.000 euros.