A los tribunales, en bloque. UGT y CCOO van a plantear un conflicto colectivo en contra del recorte del 5% del salario personal laboral de la Junta (10.000 personas), al entender que vulnera su convenio --en el que se acordó un incremento salarial del 0,3% para este año--. Este proceso --que busca el acuerdo entre empresa y trabajadores, pero que llegará a los tribunales--, se abrirá de forma paralela a las reclamaciones genéricas e individuales que ya se están presentando en contra del decreto que rebaja el sueldo de los funcionarios y el personal laboral público.

En este caso, la diferencia estriba en que el personal laboral está sometido a un convenio colectivo, por lo que el argumento de la demanda de conflicto responde a la consideración de que la rebaja salarial supone el incumplimiento de dicho acuerdo laboral. El proceso para presentar esta medida --explica Jesús Bermejo, asesor jurídico de FSP-UGT (el sindicato que ha activado esta iniciativa)-- obliga a una serie de pasos previos para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial, que ya están en marcha.

El primero fue la reunión de la comisión paritaria (formada por los representantes de los trabajadores --FSP-UGT, FSC-CCOO y CSIF-- y la Administración), que tuvo lugar el 15 de octubre y en la que no se llegó a acuerdo. En unos días acudirán a la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (órgano independiente de la Junta); encuentro que previsiblemente tendrá el mismo resultado que el anterior.

En consecuencia, tanto Bermejo como Marisol Salazar, secretaria general de FSC-CCOO, prevén que será necesario presentar la demanda de conflicto colectivo ante el juzgado de lo social, como corresponde. Esta es la primera iniciativa de este tipo que se presenta en este ámbito por motivos salariales en la región. CSIF, por su parte, se desmarca de la misma al estimar suficientes los recursos que ya han presentado en los tribunales contra el decreto del recorte salarial.

Si el juez admite la demanda a trámite --como prevén los sindicatos-- se hará un juicio y el juez podrá tomar una decisión directamente o plantear la posible inconstitucionalidad de la medida. En ese sentido, existe el precedente del auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que, tras una demanda colectiva presentada por los sindicatos de la Fábrica de Moneda y Timbre, plantea que el recorte "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical en relación con el derecho a la negociación colectiva".