Lo anunció el pasado viernes y ayer lo hizo efectivo. El sindicato del profesorado PIDE presentó ayer una demanda judicial contra la Secretaría General de Educación de la Junta de Extremadura por obligar a los equipos directivos y al personal de administración y servicios a reabrir los centros educativos desde ayer lunes. El sindicato ha interpuesto un recurso contencioso administrativo para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales frente a la instrucción del pasado 13 de mayo que ordena la apertura de los centros con personal mínimo. Y ha solicitado también al juzgado medidas cautelares para que se suspenda de forma «inmediata» dicha instrucción y los centros educativos puedan volver a cerrar durante la pandemia. A su juicio, «no está garantizada la salud del personal docente y no docente de los centros educativos extremeños», señala.
El sindicato insiste en que además «concurren circunstancias de especial urgencia para dejar sin efecto la instrucción que ordena la apertura de los centros de Extremadura sin garantizarse la salud de sus trabajadores». Esta demanda judicial es la segunda acción que emprende el sindicato PIDE tras la publicación oficial de la instrucción. El pasado viernes presentó ante la Inspección de Trabajo una denuncia en el mismo sentido. Asimismo, ayer anunció que también habilitará un procedimiento para la denuncia individual de cada trabajador que comparta esta misma opinión con los modelos e instrucción correspondientes para iniciar nuevos recursos.
RULETA RUSA / Desde PIDE insisten en que los centros educativos no deben abrirse hasta septiembre de cara al inicio del próximo curso porque «existe un riesgo innecesario de contagio de covid-19 a toda la comunidad educativa y por ende a la sociedad». Defiende que «no hay necesidad de abrir, porque está funcionando la educación a distancia y se han habilitado procedimientos telemáticos para todas las gestiones burocráticas, incluida la escolarización». Por todo ello, defiende que obligar a parte del claustro de profesores y personal no docente a volver a los centros cuando el curso escolar está próximo a su finalización «es una irresponsabilidad y un atentado contra la salud pública exento de explicación racional. Puede tildarse de temeridad innecesaria, equiparable a jugar a la ruleta rusa con docentes y alumnos».
