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solicitud de la fiscalía

Piden 9 años de prisión para el exgerente del Festival de Mérida

También lo acusa de infidelidad en la custodia de documentos. Por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos

 

EFE
05/12/2019

La Fiscalía solicita una pena nueve años de prisión para el ex gerente del Festival de Teatro Clásico de Mérida Pedro Manuel Salguero Moreno por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, e infidelidad en la custodia de documentos.

En su escrito de calificación provisional, pide además cinco años y seis meses de prisión para A.J.S, gestor-auditor de la Consejería de Cultura, por un delito de malversación, según informó ayer a Efe la fiscal jefe de Mérida, María José Hormigo Pérez.

En concreto, el Ministerio Público imputa a Salguero un delito continuado de prevaricación, por el que solicita nueve años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. También imputa al ex gerente, así como a A.J.S., un delito continuado de malversación de caudales públicos y reclama cinco años y seis meses de prisión y penas de inhabilitación absoluta de ocho, y siete años y seis meses, respectivamente.

En cuanto a estos dos delitos, los hechos por los que la Fiscalía formula acusación se contraen a los años 2007 a 2011, atribuyéndose presuntamente a Salguero, como gerente del Consorcio Patronato del Festival, la «indebida disposición de dinero público» para el pago de varias facturas.

CUANTÍAS / Éstas, según precisa, se abonaron por servicios que no habían sido realizados realmente -por cuantías de 24.000, 5.000 y 7.000 euros-; no guardaban relación con la actividad propia del Festival -por importe de 1.750 euros-, y se realizaron omitiendo la normativa de contratos públicos. En este último caso, se refiere a facturas por importe de 150.000 y 230.000 euros, aproximadamente, por servicios de iluminación para el Consorcio, que finalmente resultaron impagadas «por falta de fondos».

Asimismo, el Ministerio Público imputa a Salguero un delito de infidelidad en la custodia de documentos, por el que pide tres años y seis meses de prisión. En este caso, está motivado por la presunta ocultación, a la Agencia Tributaria y a la Consejería de Economía y Hacienda, de información fiscal y contable referida a los años 2008 a 2011.

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