Los representantes sindicales de los funcionarios de prisiones consideran que sería positivo que la Junta asumiese cuanto antes las competencias en materia penitenciaria, una trasferencia que actualmente tiene únicamente Cataluña.
Alberto Ramajo, de Comisiones Obreras, tiene claro que es la única forma de mejorar la actual atención carcelaria así como las condiciones de los presos, ya que pese a su bajo índice de criminalidad las prisiones extremeñas están al 145% de su capacidad. Y es que, explica Ramajo, sólo el 30% de los convictos residían en la comunidad en el momento de su ingreso en prisión. Desde UGT, Santiago García también cree que sería positivo, porque "la Junta tiene más sensibilidad social que el Gobierno central".
Ambos coinciden en que se podrían mejorar los talleres productivos y la plantilla de funcionarios con la gestión del Gobierno regional.
