«En Extremadura, las autorizaciones ambientales para iniciativas sencillas tardan más de un año en resolverse; el mismo tiempo que se debe esperar para calificaciones urbanísticas en, por ejemplo, una industria agroalimentaria o el sector hotelero; al final no hay ningún proyecto empresarial que soporte ese año que tarda la Administración regional en contestar y el año que tardan en ejecutarse las obras». Fue la explicación que dio ayer Jesús Preciado, portavoz de la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Extremadura (AJE), para mostrar que si bien desde su entidad apoyan la futura Ley de Grandes Instalaciones de Ocio (la Legio) y que su marco jurídico vaya a permitir más agilidad en los plazos y mayores facilidades a la hora de afrontar los trámites burocráticos, pidieron igualmente que estos nuevos beneficios también lleguen a pequeños y medianos proyectos. «Porque esos son los que apuestan por el desarrollo sostenible, los que crean empleo en el medio rural y los que, en consecuencia, asientan población en estos núcleos», subrayó Preciado.

Al fin y al cabo, esos objetivos se contemplan dentro de la exposición de motivos de la futura Legio extremeña.

COMISIÓN INFORMATIVA / «Nosotros estamos de acuerdo con cualquier ley que permita agilizar plazos y aligerar la documentación para que se facilite la implantación de una empresa en la comunidad», reiteró Preciado, que hizo estas manifestaciones dentro de la segunda parte de la Comisión de Economía, Infraestructuras, Turismo, Industria y Energía celebrada en la Asamblea regional para hacer aportaciones a la Legio, una normativa que, en principio, permitirá que se levante un gran parque temático en los alrededores de Castilblanco (que incluirá casinos) y que supondrá la creación de, al menos, 2.000 puestos de trabajo.

Desde AJE consideran necesario potenciar un marco jurídico para estas grandes instalaciones de ocio, «pero no tiene nada que ver con nuestra estrategia de desarrollo sostenible, que se centra en el entorno rural».

De este modo, se lamentaron que, de forma paralela, la región no esté desarrollando leyes que mejoren los trámites en la Administración para pequeños y medianos proyectos.