Los nueve directivos que conforman el Consejo Rector de la cooperativa agrícola San Isidro de Miajadas (Cáceres) se enfrentan a peticiones de prisión que van de los dos años y medio a los cuatro años.
En concreto, la Fiscalía ha solicitado para cada uno de los acusados la pena de dos años y medio de prisión por el delito de obstrucción a la justicia y la acusación particular eleva la petición hasta los cuatro años de cárcel. El juicio celebrado el lunes en el Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres quedó visto para sentencia el caso que se remonta a noviembre de 2014 cuando cuatro socios de la cooperativa solicitaron acceder al libro de socios y al de actas de la asamblea.
Ante la negativa del Consejo Rector, los cuatro afectados interpusieron una denuncia primero ante la Guardia Civil y luego ante el Juzgado de Instrucción de Trujillo que ha llevado a esta causa.
La acusación particular ejercida por los cuatro socios denunciantes la ha llevado el abogado Pedro del Pino, mientras que la defensa de los nueve directivos ha sido realizada por el letrado Luis Molero. Según ha podido saber Efe, la acusación puso de manifiesto en la vista que tras interponer la denuncia, los denunciantes recibieron un burofax firmado por el presidente de la cooperativa, que es uno de los acusados.
En dicho burofax la Fiscalía y la defensa mantienen que «se les indicaba que si no retiraban la denuncian serían expedientados y expulsados de la cooperativa». Por su parte, la defensa señaló que «los directivos desconocen quien redactó ese burofax» y que, por lo tanto, no fueron responsables de lo que en él se expresaba, por lo que ha solicitado la libre absolución para todos ellos.
