El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ya tiene en sus manos el plan elaborado por la comisión creada por la Junta de Extremadura para hacer cumplir el último mandato judicial (el auto del 30 de junio) y demoler parcialmente el polémico complejo Marina Isla de Valdecañas, ubicado en El Gordo y Berrocalejo. La Administración regional plantea medio centenar de actuaciones, que se desarrollarían durante 35 meses, y ha solicitado que se empiece a ejecutar ya, sin más dilación. Sin embargo, su aplicación todavía depende de un nuevo pronunciamiento del TSJEx.

La justicia extremeña tiene que dar el visto bueno primero a ese plan de trabajo para demoler los edificios a medio construir y sin uso dentro del complejo, así como para minimizar el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente de la isla catalogada como Zepa (zona de especial protección de aves).

Pero, además, el magistrado del TJSEx también ha pedido a todas las partes implicadas en este proceso que se pronuncien sobre la conveniencia o no de poner en marcha este plan habiendo un recurso de casación ante el Supremo, que aún no se ha pronunciado sobre su admisión, presentado por Ecologistas en Acción en contra de la ejecución del derribo solo parcial del complejo de ocio y residencial dictados el 30 de junio. En concreto, explican fuentes del TSJEx, deben alegar sobre si la admisión del recurso de casación por parte del Supremo frente a un auto de ejecución es «en un solo efecto o en ambos efectos», es decir, si la admisión de un recurso de casación contra un auto de ejecución suspende o no la ejecución.

Y en este caso, como en todo este largo conflicto, las posturas son contrarias. «Lo que ha pedido la Junta es razonable, lógico y conforme a derecho», valora Luis Díaz Ambrona, abogado de la gran mayoría de los propietarios del complejo. «Estamos de acuerdo con el plan presentado y con que se ponga en marcha cuanto antes; que haya un recurso no es obstáculo desde el punto de vista legal», añade. A su juicio, ahora mismo solo hay dos escenarios: que el Supremo lo deje todo como está, es decir, el derribo parcial, o que acordase demolerlo todo. «Pero en cualquier caso se pueden empezar ya las actuaciones porque ya implica la demolición de aquello que no está terminado, otra cosa son las actuaciones en el campo de golf, ahí sí es razonable esperar porque no se sabe si se quedará. De todas formas el plan de trabajo no supone empezar al día siguiente».

El letrado explica que la legislación no contempla específicamente qué hacer en una situación tan concreta, «pero haciendo interpretación de lo que dispone nosotros entendemos que lo que ha pedido la Junta es correcto».

No lo ven así en Ecologistas en Acción, la única organización que ha recurrido al Supremo el auto final de ejecución del TSJEx del pasado 30 de junio. El abogado de la organización, José María Trillo, señala que no comparten la «celeridad y premura» con la que la Junta pretende llevar ahora a cabo las actuaciones acordadas, «al contrario de lo que ha hecho en todo el procedimiento durante 14 años». Lamenta que la administración no haya pedido la ejecución de manera provisional y también que creara la comisión para elaborar el plan de demolición parcial sin tampoco esperar a la resolución del primer recurso en el tribunal extremeño.

«MAYOR GASTO» / Recuerda que el auto del 30 de junio «no es firme» y por lo tanto, considera que no se debe comenzar ninguna actuación dentro del complejo. «Eso solo implicaría ahora mismo un gasto público innecesario, en un momento además de crisis sanitaria y social. Qué pasa si se gasta dinero público en mejorar el campo de golf y luego dice el Supremo que hay que eliminarlo. Y hay más ejemplos». Además, la organización entiende que muchas de las medidas que contiene el plan de la Junta para el complejo «no tienen nada que ver con la mejora y conservación de la Zepa, sino que son para mejorar la calidad de vida de los vecinos y revalorizar el complejo. Qué sentido tiene que haya un servicio de recogida de basura puerta a puerta, algo que no tienen ni los propios pueblos de la zona».

Trillo lamenta también la actitud de la Junta que, asegura, les ha dado un plazo de 48 horas a las organizaciones para que les aportaran un número de cuenta en el que efectuar el pago de las indemnizaciones estipuladas por el TSJEx. «Nuestra finalidad no es el dinero, por lo que mientras que la decisión del TSJEx no sea firme no queremos cobrar nada», dice el abogado. «La Junta continúa con su política de hechos consumados, de que lo que se construye no se tira», lamenta.

Tras las alegaciones que ya han enviado las partes, el TSJEx deberá ahora pronunciarse (no tiene un plazo concreto para hacerlo), por lo que de momento aún no está claro si la ejecución del derribo parcial del complejo de Valdecañas quedará o no paralizada por el recurso presentando por Ecologistas en Acción ante el Supremo.