La Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales modificarán el Plan de Empleo Social para adaptarlo a las necesidades actuales de los municipios y abrirlo a nuevos perfiles, como por ejemplo los jóvenes formados en situación de paro.
Este es uno de los asuntos que el jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha abordado con los presidentes de las dos instituciones provinciales, Miguel Ángel Gallardo y Rosario Cordero -de Badajoz y Cáceres, respectivamente- en el encuentro que han mantenido hoy en la sede la Presidencia regional y en el que también han hablado de la depuración de aguas residuales y la despoblación.
A su término, Gallardo y Cordero han recordado que el Plan de Empleo Social nació en 2015 con una dotación anual de 24 millones de euros -aportados por estas tres administraciones- para encarar una situación de 150.000 desempleados en la región.
Con este fin establecía la concesión de ayudas para la contratación de parados de larga duración que hubieran agotado todas las prestaciones.
"Hoy con 92.000 desempleados tienen que cambiar las normas del plan, al que yo le quitaría la palabra social", ha afirmado la presidenta cacereña.
Entonces se estaba "en los niveles más altos de destrucción de empleo" y había que aplicar medidas de choque "que permitieran devolver a la gente al circuito de las prestaciones" pero hoy, después de cuatro años, "hay que darle un cambio", ha indicado Gallardo.
Hay que "escuchar" los perfiles que necesitan los ayuntamientos, ha añadido, por lo que van a empezar a trabajar "para que en septiembre podamos tener un verdadero plan que satisfaga las necesidades actuales".
En este sentido, Cordero ha precisado que existen otros colectivos que pueden ser beneficiarios, como por ejemplo los jóvenes formados, y que lo que se pretende es otorgar autonomía a los ayuntamientos para que decidan "hacia dónde tienen que ir" las ayudas.
Durante la reunión se ha abordado además la próxima firma de un convenio de colaboración entre las tres administraciones para abordar económicamente un plan de depuración de aguas residuales, "que son muchos millones de euros", según el máximo responsable de la diputación pacense.
De este modo se pretende resolver situaciones como el hecho de que los municipios más pequeños puedan perder las autorizaciones de vertidos "cuando ellos no tienen posibilidades económicas para afrontar sistemas de depuración".
Cordero ha precisado que el acuerdo se firmará en septiembre y ha adelantado que la diputación cacereña va a trabajar en la puesta en marcha de un consorcio de gestión medioambiental similar al que existe en la pacense.
En cuanto a la despoblación, ha insistido en la necesidad de colaborar entre las distintas administraciones para abordar el reto demográfico, una tarea en la que las diputaciones tiene un papel "esencial" por el conocimiento que tienen del territorio y el mundo rural, ha subrayado Gallardo.
Su homóloga cacereña ha instado a hablar de las oportunidades del mundo rural, "que existen y que tienen que ser aprovechadas para generar empleo ", a su juicio clave para la fijación de la población en el territorio.
Los dos dirigentes provinciales han expresado además su gratitud a Fernández Vara por recibirles pocos días después de tomar posesión del cargo, lo que demuestra su "firme interés" en el municipalismo y por estrechar unas relaciones institucionales que fueron "impecables" la pasada legislatura.
