Más de 200 farmacias de las 672 que existen en la región podrían tener problemas de suministro con la entrada en vigor del Plan Estratégico de Farmacia previsto por el Ministerio de Sanidad para el próximo año. La iniciativa del Gobierno, según denuncian desde el sector, provocará una reducción de los márgenes comerciales de las empresas encargadas de distribuir los fármacos, lo que conllevará una disminución de la frecuencia de los repartos, principalmente a las farmacias de zonas rurales, así como una peor atención a los clientes.
Para el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres, Pedro Antonio Claros, "esta situación afectará principalmente a las farmacias de pueblos pequeños. Aquí en Extremadura tenemos muchos municipios y muchos kilómetros entre pueblos, lo que encarece considerablemente la distribución, algo que no sucede en las ciudades, en las que el reparto es mucho más barato".
LA ZONA MAS AFECTADA El sector calcula que con la bajada del precio de los medicamentos los beneficios de las empresas distribuidoras podrían reducirse en un 25%, lo que se traduciría en una pérdida de calidad del servicio. Cáceres será la provincia extremeña más afectada por las consecuencias del plan estratégico de Sanidad. De las 300 farmacias cacereñas, cerca de 180 están en el entorno rural, mientras que en Badajoz existen 372, de las que sólo unas 40 presentan estas características.
La distribución de medicamentos en la comunidad extremeña se hace principalmente a través de cooperativas creadas por los propios farmacéuticos para garantizar la calidad del suministro, como es el caso de Cofex (Cooperativa Farmacéutica Extremeña), aunque también hay compañías independientes, como Medicamenta.
La bajada de precios prevista por el Gobierno a partir del próximo mes de marzo, y que afectará a unos 5.000 medicamentos, contempla una reducción del 4% y otra del 2% adicional en el 2006. La mitad de este ahorro tendrá que ser asumido por las farmacias, así como por las compañías distribuidoras --se calcula que las boticas extremeñas tendrán unas pérdidas cercanas a los siete millones de euros al año--. El resto correrá a cargo de la industria.
