El plan del Ministerio de Hacienda para corregir el déficit rebela a las comunidades autónomas. El departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro ha comenzado actuar tras la desviación del 2015 --las regiones cerraron con un desequilibrio del 1,66 del PIB frente al 0,7% permitido-- y ayer remitió nuevas cartas a 12 comunidades, entre ellas Extremadura, para que en 15 días concreten sus planes de ajuste, lo que ha provocado una respuesta airada por parte de la mayoría de ellas. Montoro compareció ayer en la Comisión de Hacienda del Congreso para desvelar sus planes, que en ningún caso pasan por recortar más o "cerrar escuelas u hospitales".
Lo que propone el ministro es que los recursos adicionales que percibirán las comunidades este año, que llegan a los 10.000 millones, se destinen a atajar el déficit acumulado. De hecho, lanzó tres mensajes. Por un lado, el ministerio estudia cómo premiar a las tres comunidades que han cumplido el objetivo de déficit (Galicia, País Vasco y Canarias), lo que pudiera consistir en mantener a tipo de interés cero los fondos adicionales que reciban. También avanzó que en cuanto el ministerio haya examinado los planes que durante los próximos 15 días envíen las autonomías, convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobarlos. Por último, con la mirada puesta en la reforma del sistema de financiación autonómica, el ministro llevará hoy al Consejo de Ministros la propuesta de creación de un comité de expertos que trabajen para ir "desbrozando" el camino a un nuevo modelo.
200 MILLONES EN LA REGION Estas dos últimas propuestas las había planteado el PSOE o diversos barones socialistas, algunos de ellos claramente enfadados con los planteamientos del ministro. Es el caso de Extremadura, donde el presidente, Guillermo Fernández Vara, denunció que tras 18 meses sin hacer "nada", ahora "de golpe y porrazo" aparezca todo esto. El líder del Ejecutivo señaló que la región presentará alegaciones a la carta recibida ayer. Al margen del embargo de los fondos de financiación por incumplir los plazos de pago a proveedores, en ella se especifica que podría producirse una nueva retención de 200 millones de euros, cifra correspondiente a las liquidaciones del año 2014 y la previsión de aumento de recaudación de este año, que se destinarían a consolidación fiscal y en ningún caso a nuevo gasto. Vara recordó ayer que ese ha sido desde el principio el planteamiento de su gobierno, y como prueba de ello señaló que la cuantía directamente no se ha incluido en el presupuesto de 2016, que se reduce un 3,1% en relación al de 2015.
Desde Sevilla, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró que no va a recortar más y que Montoro deberá explicar si la "actitud de intimidación" del Gobierno hacia las comunidades se debe a un "ultimátum" de la Unión Europea. El presidente de Aragón, Javier Lambán, criticó con fuerza las medidas "tremendamente injustas y sectarias" de Hacienda, mientras que la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, pidió al ministro que deje de "amenazar y castigar".
El Ejecutivo de Cantabria no baraja la posibilidad de modificar su presupuesto para cumplir con las exigencias de Hacienda y negó que tenga cualquier responsabilidad de las comunidades en las cifras de déficit. Su presidente, Miguel Angel Revilla, aludió a la "reaparición tras tres meses de silencio del famoso ministro Montoro" que "nos ha amenazado con grandes cataclismos, en plan de recortes y en plan de amenazas".
Cataluña y Castilla y León no han caído en ambigüedades: en Castilla y León la consejera de Hacienda directamente ha declarado que no va a recortar "en ningún sitio" lo que pide el ministerio y el vicepresidente de Cataluña y conseller de Economía, Oriol Junqueras, señaló que la carta es "inaceptable".
