El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, rubricaron ayer el convenio que permite el desarrollo del Plan Integral de Empleo.

Este proyecto, que prevé una inversión global de 200 millones de euros en los próximos cuatro años financiados al 50% por las Administraciones central y regional, no se marca previamente objetivos concretos en cuanto a la creación de empleo o la reducción de la tasa de paro. En este sentido, Rodríguez Ibarra explicó que la finalidad del acuerdo es "reducir la tasa de paro y crear el máximo número de empleos posibles".

A su juicio, la creación de empleo "no es algo que dependa sólo de la voluntad de la Administración", sino "del dinamismo que se vaya creando la región, que cada día es más intenso". De esta forma, el Plan de Empleo debe "contribuir con fondos a que nadie se quede sin poder llevar a cabo una iniciativa por falta de fondos". Ibarra insistió en que es "muy difícil cuantificar" el impacto de estas medidas. De esta forma, no se responde a las reivindicaciones sindicales. Y es que en mayo del año pasado el secretario regional de Comisiones Obreras, Julián Carretero, se mostraba partidario de que este plan incluyese elementos de evaluación que permitieran medir su eficacia en términos de tasas de actividad, desempleo y temporalidad.

EVOLUCION Por su parte, Jesús Caldera resaltó que estatal supone un incremento del 32% con respecto a las políticas activas de empleo que el Estado desarrolló en la comunidad el año pasado.

Ibarra recordó que el Gobierno regional ya ha puesto en marcha muchas de las medidas del plan que, como ya adelantó EL PERIODICO EXTREMADURA, se basa en nueve pilares, entre ellos el de "contribuir a que todas las unidades familiares de Extremadura tengan, como mínimo, a uno de sus activos ocupados". De momento el Estado ya ha traspasado a la comunidad las dos terceras partes de la anualidad del 2005.

Por otra parte, y cuestionado por la posibilidad de iniciar en la región un proceso de reconversión agraria, el ministro rechazó el término "reconversión" e insistió en que el Aepsa se ha convertido ya en permanente y debe atender a las personas que lo necesiten.

Sobre una eventual equiparación del régimen agrario con el régimen general, el ministro reconoció que no está al tanto de esta reivindicación. Mientras, Ibarra indicó que "no se sabe" si esta medida sería beneficiosa o perjudicial para el sector.