La plataforma Salvar Extremadura (SALVAREXT) ha solicitado hoy la anulación de las autorizaciones de dieciocho proyectos eólicos por los errores que a su juicio ha cometido la Administración regional en su tramitación.

La plataforma ha denunciado que los proyectos Argallén, Morenillas, Rinconada, Lapa Arrozao, Valle de Peraleda, La Traviesa, El Quebrajo, San Nicolás, Santa Inés, Campillo, Campete, Gata, Santa Olalla I, Santa Olalla II, Cabrera, Martina, Plasencia, y Los Castillejos, han sido autorizados tras la modificación de los proyectos iniciales "sin que se haya hecho nuevos estudios de impacto ambiental, tal y como correspondía".

Además, hacen hincapié en que tanto estos dieciocho proyectos como cinco más que no fueron modificados -Sierra Umbría, Umbría, Cachoneras, Los Castaños, y Santa Bárbara- han sido aprobados en dos trámites cada uno: uno para los aerogeneradores, y otro para la línea de evacuación de la electricidad.

A su juicio, esto es "improcedente" y argumentan que, según el artículo 5.3. del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, se debe presentar cada proyecto en su conjunto, para analizar todos sus impactos.

"También se tiene que evaluar el impacto acumulativo de tantos proyectos", ha destacado el portavoz de la plataforma, Mark Duchamp.

Duchamp ha indicado que cuando hay impacto sobre especies protegidas es preciso presentar al mismo tiempo los estudios de impacto ambiental de todos los proyectos de la misma zona, "para analizar los posibles efectos acumulativos de los proyectos, tal y como lo viene recordando la Comisión Europea en sucesivas respuestas sobre parques eólicos desde 2008."

Por la misma razón, la plataforma ha afirmado que la Junta de Extremadura debió hacer una evaluación ambiental estratégica de su plan eólico, "ya que no se puede evaluar el efecto de los 200 o 300 proyectos eólicos que contempla la Junta sin hacer un estudio de impacto acumulativo estratégico".

SALVAREXT también ha encontrado otras "irregularidades" en el procesamiento de los proyectos eólicos, y citan como ejemplo que los expedientes Argallén, Morenillas, Rinconada, Santa Olalla, y Valle de Peraleda fueron sometidos a información pública cuando ya tenían declaraciones de impacto ambiental favorables.

"Es como decir al pueblo extremeño: dame tu opinión, tú puedes participar en el proceso de decisión, pero la decisión ya está tomada, burlándose de la gente, de la Ley, y del Convenio de Aarhus sobre la participación ciudadana", afirma Duchamp.

Además, la plataforma ha puesto de manifiesto que no entiende los motivos por lo que unos avisos de información pública son publicados en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y otros en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

SALVAREXT está formada por los colectivos Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (PANACEX), Coordinadora de Estudis Eólics del Comtat, Centro de Investigaciones y Promoción de Iniciativas para Conocer y Proteger la Naturaleza (Iberica 2000), Save the Eagles International, y la Federación de Asociaciones de Félix Rodríguez de la Fuente.