Para muchos empresarios, los créditos con aval del ICO han sido un salvavidas al que han podido agarrarse durante estos meses para evitar el cierre de unos negocios en los que apenas si ha habido ingresos. Una fuente de financiación que les ha permitido seguir adelante con la esperanza de que tras el final del confinamiento la economía iría remontando progresivamente. Unas expectativas que se han venido abajo con la segunda ola de contagios de la covid-19, y con la posibilidad, cada vez más real, de que las medidas restrictivas se prolonguen durante bastantes meses más, con la consiguiente merma de actividad que producen en sectores como la hostelería y el comercio.

Una realidad que hace que muchos de quienes los han solicitado, la mayor parte de ellos micropymes y autónomos, teman el no poder afrontar el pago de los préstamos una vez que acabe el año de carencia que contempla la normativa, durante el que solo han tenido que afrontar el pago de los intereses. Un plazo que empezará a vencer entre finales de marzo y abril próximo para los primeros créditos concedidos.

Hasta el 15 de octubre pasado el ICO ha suscrito un total de 21.984 operaciones correspondientes a más de 15.000 empresas en Extremadura. El importe avalado es de 1.385,8 millones de euros, que han hecho posible inyectar en el tejido empresarial 1.772 millones de euros de financiación. En España, el montante garantizado es de 79.038,7 millones, repartido entre 550.000 empresas que han recibido 103.999,2 millones de euros para liquidez y cubrir sus necesidades de circulante.

«Es cierto que empieza a haber preocupación, porque realmente la fecha de un año se queda corta, pensando sobre todo en que no sabemos si para entonces se habrá salido de la crisis económica. Ni si quiera si en abril habremos logrado superar esta situación de incertidumbre y de medidas de limitación de la movilidad y de control de aforos, que son las que al final están lastrando la economía», esgrime Francisco Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex).

Los avales ICO, esgrime, «han ayudado» a que las empresas que partían de una situación financiera menos desahogada hayan podido tener estos meses «liquidez y evitar un problema de tesorería y de financiación que hubiera dado al traste con muchas de ellas». Pero, añade, esta coyuntura «se está viendo que va más para largo de lo que hubiéramos podido pensar en ningún momento», de forma que la proximidad del final del periodo de carencia y del comienzo del pago de las cuotas de amortización «está generando ansiedad y preocupación en el sector empresarial».

No obstante, precisa que esta cuestión aún no se ha abordado en ninguna mesa de negociación porque sería «precipitado» fijar nuevos horizontes temporales hasta tener algo más de certidumbre sobre «los tiempos de esta crisis. La solución se puede tomar más adelante. Es algo que habrá que valorar y esperamos que el gobierno sea sensible y razonable. Nadie quiere que comience a haber impagos». «De momento tenemos hasta abril. Vamos a ir poco a poco, a intentar solucionar las cuestiones más perentorias que tenemos, como son las imitaciones de movimientos o las restricciones de horarios y aforos», remacha.

TURISMO RURAL

TURISMO RURAL «Dudas y preocupación hay todas las del mundo. Ya se nos mete encima el momento de empezar a devolver los créditos a pesar de que la campaña turística ha quedado absolutamente destrozada por esta situación», sostiene Victoria Bazaga, presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur). «Estamos sin mercado y sin capacidad para producir. Y si la administración merma nuestra capacidad de producción, también debería recortar nuestras obligaciones fiscales y financieras. Y estas últimas ahora mismo nos preocupan muchísimo», apostilla.

Bazaga estima que la media de los créditos solicitados entre los negocios del turismo rural puede moverse entre los 15.000 y los 20.000 euros. «Una inmensa mayoría de nosotros, un 90%, decidimos seguir adelante. Y para conseguirlo, ya que veníamos desde octubre sin contar con ingresos, tuvimos que endeudarnos, pero el mercado no ha dado lo suficiente como para afrontar ahora estos pagos», asevera. La única alternativa que nos queda en estos momentos «es seguir endeudándonos», lamenta». «Estamos en un punto dificilísimo, porque ni nos han cerrado para darnos una ayuda ni estando abiertos tenemos nada que hacer, porque no hay mercado, no hay turismo. Estamos en territorio de nadie». La presidenta de Fextur confía en que se amplíen plazos y en que, dada la situación del sector, «tengamos alguna ayuda para sobrevivir mientras dura la crisis sanitaria».

Con datos nacionales, el 88% de las empresas con operaciones formalizadas a través de estos avales del ICO están directamente gestionadas por autónomos y micropymes (es decir, con menos de 10 empleados). Juntando unos y otras, concentran el 74% del total de expedientes tramitados. Y si se suman las pymes, la proporción es del 98%. Para todos ellos el aval garantiza el 80% del principal.

El 79% de las operaciones avaladas se han destinado a garantizar nuevos préstamos. Un 73,9% de estos son a largo plazo, de entre cuatro y cinco años, mientras que casi un 23,6% adicional son a entre dos y cuatro. Apenas un 2,5% no alcanzan los dos años.

La del turismo, ocio y cultura es la rama de actividad en la que se ha facilitado mayor volumen de financiación, por encima de construcción e infraestructuras y los servicios empresariales, profesionales y administrativos. «Aparte de los erte (expedientes de regulación temporal de empleo), los avales del ICO han sido la otra gran ayuda que ha permitido que muchas empresas no hayan tenido que echar el cierre. Han sido muchísimas las que se han acogido a esta herramienta para poder afrontar sus gastos», remarca también Manuel María Moreno, presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura (Cetex). «A partir abril habría que empezar a devolver capital, y como está la economía, y sobre todo el sector del turismo, con restricciones continuas, ahora mismo no hay ingresos suficientes para hacerlo», detalla. A su juicio, los propios bancos «son conscientes de que esto, o se aplaza, o va a ser un caos financiero». «Es preferible aplazarlos y esperar a que se recupere un poco la economía a empezar a ejecutar esos préstamos y que los bancos se queden con empresas que, además, no quieren para nada».

AGENCIAS DE VIAJES AL LÍMITE

Otras de las empresas a las que esta crisis está llevando al borde de la bancarrota son las agencias de viajes. También entre ellas las ha habido que se han acogido a estos avales para intentar aguantar el tirón. «Sobre todo algunas agencias que son además transportistas y que tienen un volumen grande de facturación», aclara María Eugenia Flores, presidenta de la Asociación Europea de Agencias de Viajes de Extremadura (Aedavex). «Se pidieron estas líneas con la esperanza de que hubiese una campaña de verano, aunque fuese corta, que permitiese tomar un poco de oxígeno para el invierno, pero los rebrotes llegaron ya en agosto y a partir de ahí todo ha ido a peor», subraya. Además, las agencias que abrieron al público en junio tuvieron que hacer frente ya de inicio a la devolución de los depósitos realizados por sus clientes antes del confinamiento, lo que agravó más su situación.

Flores asegura que hay casos de «compañeros que ya están renegociando» otras líneas de financiación menores que les tocaba empezar a pagar en noviembre con vistas a poder «aguantar otros seis meses como mínimo». «Hay gente que está en situación muy desesperada porque todo es incertidumbre», incide. Algunas agencias han tirado la toalla y para el resto estos dos meses que quedan de 2020 «serán decisivos. Si no hay una mejora, a final de año se va a producir un número importante de cierres», vaticina.

Por provincias, la mayor parte de la financiación concedida gracias al ICOcorresponde a la de Badajoz, cerca de un 70% del total de la región, con 12.232 millones, por 539 en la de Cáceres. La media del total de operaciones en la comunidad autónoma se sitúa en algo más de 80.600 euros.

El Congreso de los Diputados debatió hace unos días la posibilidad de ampliar el plazo máximo de amortización de estos créditos con aval ICO de cinco a seis años y la de extender el periodo de carencia, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. En este sentido, desde el ICO se explica que «como la línea de avales está regulada por el marco temporal de ayudas de Estado de la UE, ahora mismo lo que se está haciendo es abordar con la Comisión Europea cuáles son las posibilidades que permite la normativa».