El pleno de la Asamblea aprobó ayer por unanimidad una propuesta que pide suspender la apertura de nuevas casas de apuestas deportivas hasta que se apruebe una ley de prevención de la ludopatía. La iniciativa parte de Podemos e incluye una enmienda del PP para acotar a un año prorrogable a otro la prohibición de conceder nuevas licencias y elaborar un estudio que tenga en cuenta variables como la población o los locales ya existentes a la hora de valorar esas nuevas autorizaciones.
La iniciativa no es vinculante para la Junta, que será quien en última instancia decida si se pone en marcha o no. Y que fructifique no está del todo claro, pues el PSOE a priori no parecía dispuesto a aceptar la prohibición. De hecho, frente a la limitación temporal de licencias que plantearon Podemos y el PP, los socialistas presentaron una enmienda en la que abogaban por abrir un debate a nivel nacional para establecer las medidas a tomar junto al resto de autonomías en el Consejo de Políticas del Juego. La formación morada rechazó este planteamiento, pero igual los socialistas terminaron votando a favor.
La portavoz de Podemos, Irene de Miguel, instó al Ejecutivo a «poner coto» a este tipo de locales ya el próximo martes aprobando un decreto en el Consejo de Gobierno para evitar el «efecto llamada» que se produjo cuando se prohibió que estos establecimientos se ubicaran en las proximidades de los centros educativos. Según los datos aportados por la coalición, la región ha pasado en dos años de 41 a 114 locales de juego deportivo ubicados en 37 municipios diferentes y que pertenecen a cinco empresas del sector. Extremadura, Madrid y Asturias son las comunidades que han visto una mayor proliferación de las casas de apuestas durante el pasado año.
En este contexto, todos los grupos pusieron de manifiesto la necesidad de abordar nuevas medidas más allá del decreto para el fomento del juego responsable aprobado en la anterior legislatura, que según De Miguel sí supuso un avance pero ha resultado ineficaz para luchar contra una lacra que afecta sobre todo a la población joven. La diputada reiteró que Extremadura está «saturada» al contar un local por cada 9.000 habitantes y aseguró que no es casualidad que abran cerca de los centros escolares y en los barrios más pobres.
A su juicio, las casas de apuestas son «la heroína de nuestros días», un problema que destroza familias y que va en aumento porque lo hecho hasta ahora «no ha dado sus frutos». Recordó además que Madrid, Barcelona, Galicia o Murcia ya han tomado medidas.
ENMIENDA DEL PP / La propuesta de Podemos pasaba por suspender las autorizaciones para nuevos establecimientos (salvo las que ya están en tramitación), reducir su horario para que no puedan abrir por la mañana y que aquellas que tengan que renovar la licencia cumplan la exigencia sobre la distancia mínima respecto a otra casa de apuestas (250 metros). Sin embargo, como el texto aprobado finalmente ha incluido la enmienda del PP, lo relativo a la reducción de horarios y las distancias se han quedado fuera. Además, se ha introducido el límite temporal de un año prorrogable a otro a la prohibición de licencias, periodo suficiente para que esa nueva ley de la ludopatía pueda ser una realidad.
En este sentido, el diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón defendió que Extremadura necesita «una ley de verdad, no un canto al cielo» y sobre el decreto aprobado en la anterior legislatura, señaló que llegó «tarde y mal» porque la semilla de las casas de apuestas ya estaba esparcida. Frente a estos argumentos, el diputado socialista Jorge Amado defendió que las medidas aprobadas sí están funcionando y apuntó que de las seis solicitudes que se han presentado desde que se aprobara hace nueve meses, solo se han concedido dos. En cualquier caso, recordó que el juego no es una actividad ilegal, por lo que no se puede establecer «una ley seca» ni la retroactividad.
Por su parte, Ciudadanos también votó a favor de la propuesta de Podemos y el PP, aunque según dijo el diputado Joaquín Prieto no comparten la prohibición de licencias porque atenta contra la libertad de empresa.
