El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado que no tolerará la huelga de jueces. Lo hizo ayer su portavoz, Gabriela Bravo, que advirtió a los jueces extremeños, como promotores junto con los de Murcia de la convocatoria de huelga para febrero, que "no va a tolerar actuaciones ilegales", y anunció, además, que incluso podría adoptar medidas en el caso de "grave afectación del servicio o merma de la tutela judicial efectiva" de los ciudadanos.

Bravo descartó concretar qué tipo de actuaciones disciplinarias podría adoptar el CGPJ en caso de que la huelga llegue a materializarse, aunque sí manifestó que no se actuará a priori . Y tampoco aclaró si los jueces tienen o no derecho a la huelga, pues no está previsto por la ley, pero sí apeló a la "responsabilidad y sentido institucional" de los miembros de la carrera judicial.

Estos extremos se recogen en la declaración institucional que ayer, por unanimidad, aprobó el pleno del CGPJ, después de que el pasado viernes las juntas de jueces de Extremadura y Murcia aprobaran la convocatoria de un paro laboral para el próximo 18 de febrero en demanda de más medios, y muchas otras juntas de jueces decidieran volver a reunirse para debatir si van o no a la huelga.

Para los jueces extremeños las declaraciones del Consejo no son "ni las más acertadas ni las más idóneas". Lo manifestó así a este diario el juez decano de Badajoz, Emilio García Cancho, erigido portavoz de los mismos, que no considera "oportuno", dijo, hablar en estos momentos de ilegalidad y de posibles sanciones "cuando no se saben todavía las razones por las cuales no se tiene derecho a la huelga, ni incluso si se tiene o no derecho a la huelga".

POSTURAS DIFERENTES La declaración institucional aprobada ayer señala también que el Consejo confía en que todos los integrantes del Poder Judicial "sepan valorar los efectos perjudiciales que tendrían estas medidas de dudosa legalidad y con grave trascendencia para la tutela de los derechos de los ciudadanos". Así como que el trabajo efectuado últimamente por el CGPJ, el Gobierno y las comunidades autónomas lleve a que, finalmente, este tipo de medidas no se lleven a cabo; mostrando su plena confianza "en la responsabilidad personal e institucional y en el sentido común de los jueces y magistrados, como integrantes que son de un Poder del Estado".

Pero la postura de los jueces extremeños es firme, pues "nuestra decisión ha sido estudiada en profundidad, y es consecuente con todos sus efectos", advirtió García Cancho. Reconoció que se trata de un tema "muy serio", que no se han tomado en ningún momento a la ligera, y también aseguró que Extremadura y Murcia "no están solas", pues ya hay convocadas, dijo, más de 60 juntas de jueces en toda España "y por lo que sabemos la inmensa mayoría, por no decir absolutamente todos los compañeros, están seguros no solo de que tenemos el derecho constitucional a la huelga, sino de que la harán".

Se mostró plenamente convencido de que el 18 de febrero irán a la huelga, "a no ser que antes del 21 de enero el Ministerio dé un giro de 180 grados, se tome en serio nuestras cuestiones y constate de forma objetiva los planes a efectuar"; así como plenamente seguro, "sin un ápice de duda", de que la huelga se va a secundar de forma generalizada.