La última actualización del padrón municipal de Alcollarín ha provocado que salte la polémica entre el PSOE (partido gobernante) y el PP (oposición). Así, mientras el alcalde socialista del municipio, Adrián Rodríguez, afirma que se trata de una revisión del censo obligatoria, los populares denuncian "irregularidades" y un posible "delito electoral".
El presunto fraude consiste, según el PP cacereño, en "la baja de más de 46 personas del padrón municipal por ser simpatizantes" de dicho partido. Los populares señalan que van a presentar denuncias ante la Junta Electoral Central contra el alcalde y que comunicarán los hechos a la Fiscalía, a la Oficina del Censo Electoral y al Defensor del Pueblo por "un supuesto delito electoral y de prevaricación".
Así, el comunicado explica que Rodríguez está tramitando la baja de oficio del padrón, por supuestos empadronamientos indebidos, de más de 46 personas "con la intención de que no puedan votar en las próximas elecciones municipales, ya que la mayoría de ellos se han manifestado públicamente como votantes del PP". Además, agrega que el censo electoral actual de Alcollarín es de 293 electores, por lo que esta acción supone una merma de más del 15%, "una auténtica barbaridad sin precedente en toda la provincia".
También afirma que el PSOE "está omitiendo su deber de mantener actualizado el padrón municipal, tal y como le obliga la ley, manteniendo censadas con supuestas irregularidades a personas "que no cumplen los requisitos exigidos". Asimismo, continúa, se empadrona a personas que no residen en el municipio y "cuyos datos aún desconocemos por no poder revisar el padrón de habitantes, lo supone otro presunto delito electoral".
Por su parte, el alcalde de Alcollarín, Adrián Rodríguez, negó ayer estas acusaciones diciendo que "es mentira" que haya dado de baja a nadie. Rodríguez anunció que no se volverá a presentar a la Alcaldía, y que, por tanto, no tiene ningún interés electoral, a la vez que aseguró que lo que se está realizando es una actualización del padrón municipal, a la que obliga la ley todos los años.
"Hemos escrito a unas 30 personas informándoles que no tienen aquí su residencia habitual y que deben darse de alta en donde residan", indicó. Además, recordó que no es él, sino el Instituto Nacional de Estadística, quien debe dar de baja en el padrón. Por otro lado, recordó que los concejales populares pidieron un pleno extraordinario que se celebró la semana pasada y en el que se le pidieron explicaciones por este tema.
