De nuevo polémica en el campo. La mecha la ha querido encender la organización agraria La Unión, con Luis Cortés al frente, quien asegura que va a presentar en la Inspección de Trabajo una denuncia para que se investigue «el presunto cobro irregular de prestaciones por desempleo cuando hay un problema de falta de mano de obra, tanto nacional como extranjera». «¿Cómo es posible que los empresarios no encuentren personal disponible y en cambio el paro aumente en el sector agrario en Extremadura un 10,57%?», se preguntan. Concretamente, según los datos del Ministerio de Trabajo, se ha incrementado en 973 personas en el mes de julio, cuando la campaña de la fruta está en su punto máximo.

Continúan desde La Unión: «El sector agrario se está viendo obligado a mecanizarse, con inversiones millonarias en recolecciones mecánicas y automatización de los procesos de producción». Y critican que los empresarios agrarios estén «sufriendo verdaderas redadas de los inspectores de trabajo buscando el fraude laboral y no se haga lo mismo cuando se cobra el paro mientras no hay mano de obra suficiente para las labores del campo», insisten.

Otra cara de la realidad

Esa es la versión de esta organización agraria. Pero desde otras, como es el caso de UPA-UCE, se desmarcan de la misma y ofrecen una explicación muy distinta: «La subida en el desempleo responde a que la campaña de la fruta de este año no está siendo buena. Hay un exceso de producción y se está dejando caer el fruto sin recogerlo porque los precios que da el mercado son irrisorios, de manera que no resulta rentable», explica el portavoz extremeño de esta entidad, Antonio Prieto. Se refiere sobre todo a la ciruela. Extremadura es la mayor productora a nivel nacional.

«Una de las causas es que había una variedad de ciruela que funcionaba muy bien -prosigue Prieto- y los agricultores se han centrado en esa, de manera que nos hemos encontrado con una superproducción».

Las centrales hortofrutícolas no aceptan la recogida, y pueden hacerlo porque no mantienen los contratos con los agricultores. Así que estos se están viendo obligados incluso a arrancar sus frutales y, en ocasiones, a cambiar de cultivo.

Es este y no otro, aseguran desde UPA-UCE, el problema que tiene ahora el campo extremeño.