El proceso judicial que se sigue en el Juzgado de Villafranca de los Barros por el ´caso Cacique´, que llevó hace unos 15 días a la detención en Extremadura de 31 personas relacionadas con los clubs de esta red, está suscitando una fuerte polémica.
La tensión se hizo ayer patente en las dependencias judiciales de Villafranca, donde estaba prevista la toma de declaración a las dos testigos protegidas --denunciantes--, y donde el letrado cacereño Angel Luis Aparicio presentó a 39 ciudadanas brasileñas como testigos de la defensa para que se les tomara declaración.
"Se nos ha denegado esta testifical como todas las pruebas que estamos solicitando, y al haber apreciado que en la instrucción de esta causa se están vulnerando claramente derechos fundamentales y que existe una absoluta falta de imparcialidad de la juez que instruye este caso, además de una manifiesta enemistad de ésta hacia la propietaria de estos locales, vamos a pedir su recusación. Consideramos que hay motivos suficientes para que se la sustituya y otro juez lleve el caso", argumentó Aparicio.
Por otra parte, las defensas piden la puesta en libertad de los cinco detenidos para los que se decretó la prisión, en concreto los dueños de los locales, Z. B. y su compañero J. R., y los encargados de los clubs de Almendralejo, Montijo y Sevilla, a los que se acusa de los delitos de inducción a la prostitución y contra los derechos de los trabajadores. Para ello se han recurrido ante la Audiencia Provincial de Badajoz los autos de prisión.
Argumentan la petición en la inexistencia de riesgo de fuga; las reiteradas absoluciones en procesos anteriores; la inexistencia de riesgo de obstrucción a la justicia, "puesto que se han practicado ya todas las pruebas habidas y por haber"; y la inexistencia de pruebas de delitos.
